Caminar por estas tierras es darse una ducha de agua muy fría. En Guatemala, El Salvador y Honduras, la violencia generalizada ha hecho que la mayoría de los ciudadanos perciba que está en una guerra, a la que se suma la falta de empleo, los míseros salarios y una administración pública sin suficiente capacidad —financiera, material y humana― para mejorar la cobertura y la calidad de servicios tan básicos como la seguridad, la justicia, la salud o la educación. Tanto en Honduras como en Guatemala, la criminalización de los defensores de derechos humanos y la utilización exagerada del ejército en tareas que no le competen genera más incertidumbre.

El más reciente informe global de Oxfam, intitulado ¿Bienestar público o beneficio privado?, vuelve a poner sobre la palestra política la urgente necesidad de

La protección social debe entenderse como el conjunto de políticas y programas que resguardan a los ciudadanos frente a diversas contingencias y procuran su bienestar en las diferentes etapas del ciclo de vida. Esta debe basarse en la realización, garantía y protección de los derechos económicos sociales y culturales de las personas, tales como educación y capacitación, salud y alimentación, vivienda y saneamiento, seguridad social, trabajo e ingresos.

Los ODS constituyen, en alguna medida, la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)