En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de reafirmar la necesidad de construir sociedades en las que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, puedan beneficiarse del progreso económico y social. La justicia social implica el cumplimiento de todos los derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, lo que debe traducirse en modelos económicos, nacionales y mundial, basados en principios de justicia, equidad, inclusión y participación en los asuntos públicos.