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¿Impuesto Sobre Circulación de Vehículos? Parte I

Conforme la legislación vigente, los guatemaltecos que poseen un vehículo para su uso,  deben atender el pago del Impuesto Sobre de Circulación de Vehículos –ISCV- durante los primeros siete meses de cada año calendario.   El impuesto que, en su definición, también incluye la obligación legal para los vehículos aéreos y marítimos, se enfoca principalmente en los terrestres, dado que su administración está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria, mientras que el pago de los aéreos está supervisado por la Dirección de Aeronáutica Civil, y el de los marítimos por la Marina Nacional;  sin embargo, de estos últimos dos no hay evidencia que existán registros públicos de cobro, morosidad y eficiencia recaudatoria, por lo que en la práctica parece que al Gobierno de Guatemala no le interesa garantizar el pago de los mismos.    

Aun cuando la recaudación del ISCV en términos macroeconómicos es de poca importancia (implica entre 0.14% y 0.15% del PIB), en 2017 alcanzó a recaudar Q826 millones y de ese total el 98.8% se recaudó sobre los vehículos terrestres, por lo que su monto no es despreciable.   Sobre este particular, es importante recordar que en 2012 se estableció la nueva tarifa para el cobro de este impuesto lo que implicaría recaudar cerca 0.3% del PIB; pero, el entonces Gobierno del Partido Patriota estableció una rebaja del 50% al ISCV determinado, lo que redujo la efectividad del impuesto a la mitad.

Este impuesto ha sido clasificado  históricamente por la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas como un tributo indirecto, guiados por el nombre con el que fue bautizado, sin embargo, cuando se observa detenidamente se puede determinar que realmente no grava la circulación y además el destino de mismo no es el fortalecimiento del mantenimiento de la red vial.

La ley del ISCV en cuanto al uso y  destino de los recursos no es del todo clara, porque establece entre 50% y hasta 70% con destino al fondo común, dependiendo el tipo de vehículo terrestre, por lo que no puede afirmarse que el propósito sea necesariamente reforzar la calidad de la infraestructura vial.

Además, el hecho generador del ISCV en realidad es la tenencia de vehículos, creando una obligación sobre el propietario registrado por la simple tenencia, aunque el mismo no circule.    Este aspecto implica, que su determinación no está relacionada de ninguna forma con el nivel de uso o circulación del vehículo; tampoco, como sucede en otros países, con variables asociadas a la misma, por ejemplo: el peso del mismo, el volumen de contaminación que produce o cualquier otra variable que implique retribuir el impacto de su uso en el país.

De esa forma, los vehículos marítimos tienen una tarifa fija anual de acuerdo al uso y tamaño, siendo este último medido en pies de largo, exceptuando del pago las pequeñas embarcaciones impulsadas con remos. Los vehículos aéreos también tienen tarifas fijas con base al uso, tipo y peso. En ambos casos, las tarifas no se actualizan y los entes responsables no están interesados en mejorar el control sobre los mismos, situación que debiera preocupar a los gobernantes de turno y por supuesto al Organismo Legislativo. Por su parte, los vehículos terrestres, que disponen de mayores mecanismos de control ateniendo al hecho que necesitan actualizar regularmente sus distintivos permanentes y temporales como lo son las placas, las tarjetas de circulación y la calcomanía anual, pagan el impuesto, en su mayor parte,  en relación directa a un supuesto valor de mercado del vehículo, por lo que en la realidad es un impuesto al patrimonio de la persona, al extremo que incluso permite una depreciación anual, como producto de la reducción del valor de mercado del bien.

Según la SAT, al 30 de junio de 2018 existen 3.4 millones de vehículos activos. Sin embargo, esa cifra debe ser menor, atendiendo al hecho que hay muchos registros que no han sido eliminados y que están relacionados con casos de robo, destrucción total, inutilidad del vehículo, en otros fenómenos.  El parque vehicular ha crecido en promedio 8.5% en los últimos diez años, destacando el ritmo de crecimiento de las motocicletas, que ha reportado un dinamismo del 14.4% en el mismo período.   La dinámica de este parque es una de las grandes distracciones a las funciones de la SAT, que debiera estar dedicada primariamente al control y fiscalización de los contribuyentes en los impuestos importantes. Como resultado de la atención a las gestiones del ISCV, la administración tributaria destina gran parte de sus recursos a trámites que son improductivos en materia fiscal.  Como ejemplo, considere los datos consignados de gestión de la SAT, donde el 34% de las gestiones “masivas” corresponden a la atención del parque vehicular; es decir 1,766,481 gestiones en 2017 a propietarios o tramitadores de vehículos, gestiones como: reposición de placas, cambio de color, cambio de motor, traspaso de propiedad, reposición de distintivos, etc.; incluidas también, el primer registro y primeras placas.  Por ejemplo, si cada trabajador atendiera no más de 16 gestiones diarias presenciales, para realizarlo de forma expedita, implica que solo para atender las gestiones del parque vehicular, sin que ello signifique un aumento de tributos, requeriría el mantenimiento de unos 346 trabajadores directos a tiempo completo, más los supervisores de su función y otros auxiliares.  En consecuencia, al no existir holgura para la atención y una verdadera descentralización, los demandantes de trámites cuando llegan a la SAT se ven en la necesidad de esperar mucho tiempo, incluso días para completar sus gestiones.

Otros dos elementos que permiten identificar con claridad que el ISCV no es un impuesto a la circulación están relacionados con:  a) el pago que realizan los vehículos de placa comercial, que son normalmente los utilizados para generar rentas, ya sea transportando personas o carga, y en la práctica son los que producen el mayor nivel de desgaste a la cinta asfáltica atendiendo su peso y tamaño. Sin embargo, los “hacedores de política” los beneficiaron con una simple tarifa fija de referencia, que no es actualizable cada año y que no está asociada a ningún valor que retribuya al Estado el beneficio real que se obtiene por la circulación, b) los vehículos de la serie particular y las motocicletas tienen un valor mínimo de pago, el cual tampoco no está asociado a algún criterio, siendo simplemente un monto establecido políticamente.

¿Impuesto Sobre Circulación de Vehículos? Parte II

La administración del ISCV es complicada, dado a que la SAT no tiene la capacidad logística de supervisar a los sujetos que no pagaron dicho impuesto, y además la disposición del Congreso de la República, a iniciativa de los diputados afines a la Municipalidad de Guatemala se estableció que para el pago del mismo debe exigirse una solvencia de multas de tránsito lo que provoca que la situación sea más complicada.   Sobre este particular, habrá que revisar la legalidad de la disposición del Congreso, porque no debiera haber impedimentos para realizar el pago de cualquier impuesto nacional.