No. 27 - Época II. Los primeros meses de 2015 han sido sumamente difíciles para las finanzas de la mayor parte de los países de la región centroamericana, debido en particular a los problemas que enfrentan y que, en muchos casos, han sido soslayados por los Gobiernos de turno. No obstante y aun cuando cada caso deber ser analizado en forma separada, los rasgos generales parecen indicar que el propósito final de cada nación centroamericana ha sido garantizar la sostenibilidad fiscal de cada país mediante el control de los niveles de déficit fiscal y de endeudamiento total.

Para avanzar en el análisis de la situación financiera centroamericana, es conveniente agrupar a las naciones de la región, de tal forma que se logre comprender las diferentes direcciones que cada una de ellas ha seguido. En primero lugar se ubican los países cuyos resultados presupuestarios son relativamente manejables y en los que, incluso, se manifiesta una mejora con respecto a la trayectoria observada en los años previos.

En este grupo se encuentra Nicaragua y Honduras, a pesar de que ambos han sido señalados de opacidad presupuestaria. Nicaragua ha logrado mantener un ritmo de endeudamiento bajo y resultados relativamente sanos. Los datos oficiales disponibles al cierre de la edición presentan un superávit del 0.3% del PIB y una reducción en la deuda respecto del PIB al 27.5% en 2014. Los datos sin embargo, debido a la opacidad en la rendición de cuentas, no consolidan la deuda de otros entes del gobierno general, así como de Albanisa, las cuales esconden un riesgo potencial y que hacen subir el total adeudado a cerca del 70% del PIB. Honduras, con la implementación de la reforma tributaria de 2014 y una significativa política de austeridad, especialmente en sueldos y salarios de los trabajadores de la administración central y en gasto en educación y salud, logró una reducción del nivel del déficit fiscal. De acuerdo a la información disponible, el gobierno central presenta un superávit presupuestario de 0.2% del PIB y una reducción de la deuda, que ha pasado de 45.6% a 42.5% del PIB, representando todavía el 282.8% de los ingresos tributarios.

En el segundo grupo de análisis se encuentra Panamá y Costa Rica, países en los que se registraron altas tasas de crecimiento económico en el pasado, lo que produjo un relajamiento en la utilización de la deuda pública. Sin embargo, con una perspectiva económica menos halagüeña, la deuda pública puede constituirse en un problema en el mediano plazo. Panamá contrajo deuda para financiar una serie de macroproyectos de inversión, y aun cuando su crecimiento económico hace que el nivel de endeudamiento aun esté por debajo del 40% del PIB, ya representa el 400.0% de los ingresos tributarios. Por su parte, Costa Rica, es el país más reacio a implantar cambios en materia tributaria, aun cuando el nivel de déficit fiscal y de crecimiento de deuda, están en niveles superiores a lo recomendable. Esta nación presenta déficits fiscales por encima del 5.0% del PIB anual, lo que ha producido que la deuda pública alcance 40.4% del PIB al mes de abril del presente año, equivalente al 313.0% de los ingresos tributarios esperados.

Finalmente en el último grupo aparecen El Salvador y Guatemala, los dos países de la región con mayores problemas fiscales. La política fiscal salvadoreña ha adoptado como ancla nominal (un tipo de regla fiscal implícita) el nivel de deuda pública respecto del PIB, que alcanzó 55.4% en 2014, lo que debido a ingresos fiscales decrecientes produjo una contracción severa del gasto, especialmente de capital; aun así, se estima que el gobierno central concluirá el período con un déficit fiscal de 4.0%. Por su parte, Guatemala se encuentra inmersa en una crisis fiscal que se evidencia en el deterioro de las capacidades de la administración tributaria, con altos funcionarios envueltos en casos de corrupción. La carga tributaria, con una tendencia a la baja, se ubicará en alrededor de 10.4% al final de 2015. A pesar de los continuos intentos de reforma tributaria, y aun cuando el nivel de deuda pública, cercana al 25% del PIB, no es un problema macroeconómico, las limitaciones recaudatorias ha producido una fuerte contracción del gasto público y la desatención de las demandas sociales de la población.

Resulta importante destacar que, en diferentes dimensiones, cada uno de los países de la región tiene problemas fiscales que deben ser atendidos de manera inmediata, tomando en consideración su realidad particular. No obstante, en aquellos casos en donde el problema se ha vuelta estructural, como en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, resultado impostergable una discusión política, con la participación de todos los sectores sociales, para acordar estrategias que tiendan a garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las finanzas del Estado, logrando así la atención a los programas que tiendan a mejorar en definitiva la situación de los habitantes de la región, al tiempo en que se promueva un crecimiento económico ordenado y sostenible.