Los mecanismos de participación ciudadana deben ser incluyentes y favorecer mayor presencia de organizaciones de la sociedad civil, de grupos poblacionales específicos o históricamente vulnerables, incluso de personas a título individual. En este contexto, la política fiscal no debe ser excepción, especialmente el proceso de formulación y aprobación del presupuesto del Estado.

Como reconoce la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés), en las últimas décadas se están adoptando enfoques de formulación de políticas que amplíen la participación ciudadana en el ciclo presupuestario. Las organizaciones de sociedad civil del continente están pidiendo la implementación de estos estándares y buenas prácticas internacionales y más transparencia para promover la rendición de cuentas. El problema es que algunos gobiernos no comparten el mismo entusiasmo que la ciudadanía, y lamentablemente algunos de los ejemplos más preocupantes se encuentran en Centroamérica.  

De acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017 (OBS, por sus siglas en inglés) que elabora la International Budget Partnership (IBP), el grado en el que los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ofrecen al público oportunidades para participar en el proceso presupuestario resultó ser la variable peor calificada. De acuerdo con esa medición, los únicos países que reflejaron una mejora en su nota fueron Guatemala y Nicaragua, mientras que Honduras, Costa Rica y el Salvador registraron un retroceso notable en su puntuación (ver gráfica). De acuerdo con la metodología de la IBP y las notas asignadas, todos los países centroamericanos se ubican en la categoría de naciones que ofrecen «pocas oportunidades al público para participar en el proceso presupuestario».

Las respuestas al cuestionario de la OBS revelan que en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua la ciudadanía no participa en la formulación del presupuesto por parte del Ejecutivo. En Honduras, aunque las autoridades señalan que existe un espacio en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas para que el público se manifieste sobre el presupuesto en cualquiera de sus etapas (como único canal disponible), no existen evidencias que documenten su uso. Para Guatemala la OBS 2017 destacó como buena práctica la realización de los talleres de presupuesto abierto en los que participan organizaciones de la sociedad civil. No obstante, en ninguno de los cinco países el gobierno informa si las opiniones ciudadanas fueron incorporadas o no en el proyecto de presupuesto.

El panorama de la participación ciudadana en la fase de deliberación y aprobación del presupuesto a cargo del Legislativo no es diferente. En Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua no existen evidencias de que durante esta fase se escuchen o reciban aportes ciudadanos. El único caso que destacó la OBS 2017 como buena práctica en materia legislativa fueron las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala, en las que se recibieron comentarios de organizaciones de la sociedad civil, pero los investigadores concluyeron que no se informó si fueron incorporados o no en el presupuesto.

Aunque Panamá no está incluida en la OBS, su situación no es tan distinta a la del resto de Centroamérica, ya que en marzo de 2018 algunas organizaciones de la sociedad civil demandaron la modificación de la normativa interna de la Asamblea Nacional a fin de hacer obligatoria la participación activa de la ciudadanía en la discusión presupuestaria, sin éxito a la fecha. En general, los legisladores suelen argumentar que las reuniones plenarias son abiertas al público e incluso transmitidas a través de Internet, alegato que cae inválido ya que esas reuniones no contemplan mecanismos de retroalimentación ciudadana.

Los resultados de la OBS 2017 muestran que la participación ciudadana en la formulación del presupuesto en Centroamérica sigue siendo una utopía. Los resultados confirman que las autoridades prefieren adoptar la posición cómoda de «informar» y eventualmente manifestar su apertura para «recibir» opiniones o comentarios, sin comprometerse a modificar sus decisiones a partir de esos procesos de expresión. Al no alcanzar este mínimo formal, la realidad muestra la decepción, desencanto y agotamiento de los incipientes canales de participación, y agrava la apatía, la desconfianza y el desinterés de la ciudadanía por lo que acontece en el ámbito público.

En la mayoría de países las autoridades han comenzado la formulación presupuestaria para 2019 y es muy probable que no escuchen ni atiendan las recomendaciones de la ciudadanía. El desafío para la sociedad civil centroamericana es usar los referentes internacionales para insistir, concienciar y proponer a las autoridades un enfoque diferente de interacción durante la formulación del presupuesto: tender puentes con la institucionalización de mecanismos innovadores y suprimir las limitaciones actuales.