La evidencia en el mundo es contundente cuando muestra que no es suficiente el otorgamiento de incentivos fiscales para atraer inversión y crear empleo.

Durante muchos años hemos escuchado la cantaleta de algunos empresarios privilegiados,  funcionarios interesados y “analistas” respecto de que el camino para crear las condiciones para promover la inversión y crear empleo está en el otorgamiento de incentivos tributarios que brindan ventajas competitivas artificiales a nuestro país por sobre nuestros competidores.   

Efectivamente en el mundo hay países modernos que otorgan incentivos tributarios a la inversión, y el patrón general es que los mismos son temporales, decrecientes y regularmente sobre los impuestos directos -para no distorsionar en exceso la toma de decisiones de los agentes-,  por lo que normalmente no se aplican al IVA.  Además siempre derivan de un análisis de beneficio-costo, el cual se replica recurrentemente para verificar si conviene a los intereses nacionales.  

Sin embargo, los países más competitivos no utilizan dicha estrategia, como “la estrategia”, sino que anteponen a la misma el fortalecimiento de una serie de elementos que le dan capacidad productiva y tecnológica real al país.  Dentro de ellos, está el fortalecimiento de la competitividad y competencia en los mercados, que en nuestro país hacen seria mella en las Pymes de propiedad individual que generan cerca del 80% del empleo en el país. Las Pymes tienen serios obstáculos en los campos: eléctrico, financiero y cambiario, por mencionar tres, y que se manifiestan en: alto precio de la electricidad (muchas veces manoseado por los alcaldes y los proveedores eléctricos); altas tasas de interés bancario o falta de acceso al crédito,  y  la falta de transparencia en la administración monetaria/cambiaria, que basada en una ortodoxa regla del inflation targeting, olvida que las personas no viven solo de estabilidad.

Otro de los elementos utilizados internacionalmente, es el fortalecimiento de la educación, motor real de la productividad de largo plazo; y de la previsión social, que incluye la salud, la seguridad física y  patrimonial de las personas; fundamental para Guatemala, en donde se amenaza permanente al Pyme con extorsiones. Por supuesto, el fortalecimiento institucional del sector público es indispensable, así como la mejora en la infraestructura física para hacer más productivo al sector empresarial.

El Índice de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Global, destaca que los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en Guatemala son: el crimen y la delincuencia; la corrupción; la falta de una fuerza de trabajo adecuadamente capacitada; la ineficiente burocracia gubernamental y la inadecuada oferta de infraestructura. Pero y entonces, ¿por qué funcionarios públicos y sectores empresariales, en contubernio con congresistas han presentado, sin ningún estudio,  18 iniciativas de ley en los últimos 17 meses y que incluyen al menos el otorgamiento de un incentivo tributario?

La respuesta parece ser clara, al igual que nos lo muestra la historia guatemalteca, los privilegios fiscales no responden a un real deseo de mejorar las condiciones productivas generales del país, sino a continuar el modelo corporativo de algunos sectores de la iniciativa privada con el poder público y que han sido base para construir muchas de las grandes fortunas en el país. Edmund Burke citó “para que triunfe el mal, basta que los hombres de bien no hagan nada”, por ello, llegó el momento de promover una real estrategia de inversión efectiva y promoción de empleo y que sobre todo diga no a esa vieja estrategia de crear privilegios fiscales, que no han logrado sacar de la pobreza y del desempleo a los guatemaltecos, a pesar de su implementación durante los últimos dos siglos.

Esta columna fue publicada originalmente el 16 de junio en la revista Contrapoder