El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó su primer análisis técnico del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, formalmente presentado como la iniciativa de ley número de registro 6841. [1]De este primer análisis el Instituto identifica que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso aprobar incrementos importantes en las asignaciones para la inversión pública en infraestructura y para el gasto social prioritario, pero advierte que corregir la persistente dificultad para ejecutar las asignaciones presupuestarias para inversión constituye un desafío importante para la credibilidad y lograr el apoyo ciudadano al presupuesto solicitado.

El Icefi reitera que, para analizar y evaluar de manera consistente y ajustada a la realidad, el proyecto de presupuesto para 2027 debe compararse con el presupuesto de 2026 vigente a la fecha más reciente. Como un primer aspecto positivo que el Icefi destaca en el proyecto de presupuesto propuesto por el Ejecutivo es que los documentos técnicos que lo acompañan siguen este criterio técnico. También el Icefi saluda que la proyección de ingresos tributarios para 2027 fue calculada apegándose a criterios y metodologías técnicas, abonando a su credibilidad. El anexo 3 muestra que, con base en la recaudación de impuestos al 31 de julio de 2026 el Icefi estima que la recaudación de los ingresos tributarios podría cerrar en 2026 en Q121,382.4 millones, equivalentes a una carga tributaria de 11.9%, superando en Q1,619.6 millones (0.1% del producto interno bruto -PIB-) la meta de recaudación.

Con base en esta estimación de cierre para 2026 y en un escenario pasivo, es decir, sin reformas tributarias ni recaudación adicional por medidas de fiscalización y control por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Icefi proyecta que la recaudación tributaria podría alcanzar en 2027 los Q130,608.2 millones, equivalentes a una carga tributaria de 12.0%. Esta proyección técnica pasiva del Icefi es consistente con la proyección de Q131,635.9 millones, equivalente a una carga tributaria de 12.1%, toda vez la diferencia de Q1,027.7 millones es viable esperarla como recaudación adicional resultante de las acciones administrativas de la SAT. A criterio del Icefi, este esfuerzo por incrementar la carga tributaria, sólo por la vía de las acciones administrativas resulta demasiado pequeño ante la necesidad de que la política fiscal priorice la suficiencia, agudizada por la política expansiva del Gobierno del presidente Arévalo reflejada en un incremento del déficit fiscal, el cual, como lo muestra el anexo 1, se ha elevado de 1.9% del PIB en 2025, a un presupuesto de 3.8% del PIB en 2026 y una proyección de 4.4% del PIB para 2027. El Icefi recalca que persistente la necesidad de una reforma fiscal integral con un componente tributario robusto, para lograr que la política fiscal logre condiciones adecuadas de suficiencia, sostenibilidad y solvencia.

Aunque a criterio del Icefi, la proyección del total de recaudación tributaria para 2027 es técnicamente correcta, la distribución por impuesto vuelve a ser cuestionable. El anexo 3 muestra que las autoridades reinciden en la práctica de sobreestimar los rubros de otros impuestos directos y otros impuestos indirectos, los cuales, en conjunto, en el proyecto de presupuesto para 2027 suman Q7,336.0 millones, monto evidentemente excesivo si se le compara con los Q12.2 millones recaudados en 2025, los Q12.4 millones que el Icefi estima cerrarán en 2026, o los Q12.5 millones proyectados por el Icefi para 2027. Esta alteración en la distribución por impuesto de la proyección de recaudación para 2027 constituye una falencia técnica reincidente en términos de transparencia fiscal, y distorsiona los aportes constitucionales calculados con base en los ingresos ordinarios y otros destinos específicos de la recaudación de impuestos.

Los datos publicados por el Ejecutivo muestran que el incremento en el techo presupuestario en 2027 de Q23,255.3 millones (13.8%) respecto al de 2026 está asociado, principalmente, en:

§ Inversión pública en infraestructura, entre otras inversiones que incluyen Q12,915.2 millones distribuidos en: Q4,800.0 millones para la ampliación del Puerto Quetzal; Q897.6 millones para el programa de mantenimiento de edificios escolares; Q800.0 millones para la modernización del sistema metropolitano de transporte, de puertos, aeropuertos y ferrovías; Q3,517.6 millones para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios; Q2,550.0 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura; Q350.0 millones para el Fondo de garantía para la movilidad eléctrica y renovación del transporte de personas, entre otros destinos.

§ Gasto social prioritario, protección social y otras intervenciones estratégicas, que incluyen Q6,415.4 millones distribuidos en: Q3,015.4 millones en el programa Mano a mano; Q1,000.0 millones para el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda; Q1,400.0 millones para estudios para proyectos y proyectos de agua y saneamiento; Q200.0 millones para el Fondo Nacional de Becas; Q250.0 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica; Q150.0 Fondo para la Adquisición de Tierras; y, Q400.0 millones Fondo de Garantía para el Desarrollo, entre otros.

§ Aporte para el Tribunal Supremo Electoral de Q2,000.0 millones, para la realización de las elecciones generales.

§ Aporte de Q2,600.0 millones para el Banco de Guatemala para abonar a los pagos pendientes acumulados para cubrir el costo de la política monetaria.

Pese a que es indiscutible el valor y el potencial de estas intervenciones, la posibilidad de que se concreten en resultados reales y de impacto para la población depende críticamente de que el Gobierno logre corregir las deficiencias en su capacidad para ejecutar este tipo de asignaciones presupuestarias, especialmente las destinadas a obras de inversión pública en infraestructura. Como elemento que en 2027 pueda ayudar a agilizar la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), en el artículo 112 de la iniciativa de ley el Ejecutivo propone que el Congreso faculte a esta cartera paracontinuar obras paralizadas por procesos judiciales, siempre que no exista una resolución judicial firme de suspensión y que la continuidad evite el deterioro de la obra o riesgos de seguridad. Para su operación, requiere informes y dictámenes técnicos, financieros y jurídicos aprobados por la autoridad superior, notificando al Órgano Jurisdiccional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de Cuentas.

No obstante, el Icefi saluda el esfuerzo fiscal que el Ejecutivo propone en el gasto social para 2027, estima necesario exhortar al Ministerio de Educación a proponer con urgencia un plan de emergencia para iniciar el proceso para solventar las deficiencias evidenciadas desde hace décadas por evaluaciones y diagnósticos recientemente en el informe publicado por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el que Guatemala figura en el último lugar de los países latinoamericanos evaluados en cuanto a las competencias básicas de estudiantes de 15 años en matemática, lectura y ciencia, además de mostrar deterioros en los indicadores medidos. Desde una perspectiva limitada a las asignaciones presupuestarias de recursos financieros (es decir, sin analizar a detalle, por ejemplo, las metas físicas y resultados), si bien el Icefi saluda el esfuerzo fiscal por incrementar en 9.7% la asignación para el programa de educación primaria, alerta con preocupación que el Ejecutivo haya propuesto recortes en las asignaciones presupuestarias de 4.7% en el programa de educación básica, de 5.1% en el programa de educación diversificada y de 43.3% en el programa de educación inicial. El Icefi plantea recomendaciones similares en otras áreas fundamentales del gasto social.

Para el Icefi, el principal elemento de preocupación para 2027 continúa siendo la vigencia de disposiciones legales que permiten ejecutar en años posteriores los saldos no ejecutados en 2024, 2025 y 2026 de los aportes ordinarios y extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Como lo detalla el anexo 5, en el proyecto de presupuesto para 2027 el Ejecutivo propone un aporte ordinario para los Codede de Q4,985.6 millones y un aporte extraordinario de Q1,200.0 millones, significativamente menor a los aportes extraordinarios vigentes en 2025 (de Q7,597.1 millones) y en 2026 (Q10,865.5 millones). Pero, tomando en cuenta que al 14 de septiembre de 2026 los Codede han ejecutado solamente el 24.4% de su asignación total de Q15,425.4 millones, es previsible que al monto propuesto por el Ejecutivo para el 2027, deberá sumársele un monto cuantioso de saldos no ejecutados en 2024, 2025 y 2026 que el Icefi estima, de manera gruesa y muy preliminar, en Q6,925.0 millones, lo que, en realidad, elevaría la asignación presupuestaria para los Codede para 2027 a alrededor de Q13,110.4 millones. Si, además, el Congreso aprobara un nuevo aporte extraordinario para 2027 por un monto similar a los aprobados para 2025 y 2026 (es decir, de entre Q5,000 millones y Q7,000 millones), el Icefi no descarta la posibilidad que la asignación presupuestaria real para los Codede en 2027 podría elevarse a un monto históricamente alto de entre Q17,000 y Q20,000 millones.

Para el Icefi, un escenario como el que estos supuestos describen es en extremo preocupante, toda vez, salvo excepciones más bien escasas y aisladas, la ejecución presupuestaria en los Codede continúa siendo muy vulnerable a abusos, corrupción, captura por parte de estructuras del crimen organizado y, especialmente en el año electoral 2027, malversación con fines político electorales. Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria (anexo 3) alimentan la preocupación en cuanto a que las alteraciones aprobadas por el Congreso a los controles de la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) y las disposiciones del Decreto número 7-2025 puedan, efectivamente, estar facilitando en los Codede acumular saldos no ejecutados en 2024, 2025 y 2026 para formar en 2027 un fondo demasiado grande y atípico, altamente susceptible de ser malversado con los fines ilegítimos ya mencionados. Con esta alerta, el Icefi anticipa su rechazo a que el Congreso pueda aprobar nuevos aportes extraordinarios, y exhorta al Ejecutivo a apoyar los esfuerzos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para ejercer control estricto sobre la formulación y ejecución de proyectos a ejecutar por los Codede. En este sentido, el Icefi saluda las disposiciones propuestas por el Ejecutivo en el artículo 105 de la iniciativa de ley, como una medida necesaria, pero advierte que en la realidad práctica y operativa puedan resultar insuficiente para prevenir los abusos señalados.

Varios y diversos sectores han manifestado su preocupación por el incremento ya referido en el déficit fiscal en 2027 y, especialmente, porque se estaría financiando con un incremento significativo en la contratación de deuda pública con la banca privada nacional e internacional vía la emisión, negociación y colocación de bonos del Tesoro. El anexo 2 detalla que la deuda pública bonificada pasaría de Q23,278.0 millones en el presupuesto vigente de 2026 a Q42,750.0 millones en 2027, un incremento del 83.6%, que elevaría su peso en el presupuesto de ingresos del 13.8% al 22.3% del total, con lo cual, la importancia presupuestaria de los ingresos tributarios caería del 71.0% en 2026 a 68.5% en 2027, mientras que la importancia presupuestaria de los desembolsos de préstamos externos caería de 3.3% a tan solo 1.5% en 2027. De hecho, el anexo 1 muestra que el flujo de financiamiento externo contratado con las instituciones financieras internacionales vía préstamos, pasaría de una posición positiva (desembolsos mayores que amortizaciones) en el presupuesto vigente de 2026 de Q1,983.7 millones, a una posición negativa (desembolsos menores que amortizaciones) de Q415.0 millones. Estos parámetros son causa de preocupación por las orientaciones de la política de crédito público, toda vez la deuda pública bonificada contratada con la banca privada nacional e internacional continúa siendo más onerosa que los préstamos con la banca internacional de desarrollo, en términos de tasas de interés más elevadas, plazos más cortos, carencia de términos concesionales como los períodos de gracia y discrecionalidad por no especificar destinos en contratos , como sí ocurre con los préstamos.

Aunque el artículo 80 de la iniciativa de ley prohíbe explícitamente el uso los fondos provenientes de la deuda bonificada para el pago de servicios personales y contratación de recurso humano, el anexo 6 detalla que más de la mitad (53.6%, Q22,915.0 millones) de ese endeudamiento se destinaría a rubros de funcionamiento, pese a estar expresamente prohibido en el último párrafo del artículo 61 de la LOP. Menos de la cuarta parte (24.4%, Q10,444.4 millones) se destinaría a rubros de inversión, y poco más de la quinta parte (22.2%, Q9,390.6 millones) para el servicio de la deuda pública. Los anexos 7 y 8 muestran que la mayor parte de la deuda bonificada para inversión se destinará a la modernización del Puerto Quetzal (Q4,800 millones), el presupuesto del Micivi (Q1,802.6 millones) y el aporte extraordinario a los Codede (Q1,200.0 millones).

El Icefi saluda la inclusión de normas en materia de transparencia fiscal y participación ciudadana, como las del artículo 49 de la iniciativa de ley, que proponen que toda institución pública u organización no gubernamental que reciba fondos públicos o asignaciones especiales debe habilitar espacios cuatrimestrales de rendición de cuentas dentro del mes posterior al cierre de cada periodo. Las actividades presenciales, virtuales o híbridas tendrían que documentarse en los portales de internet y requerirían una encuesta de satisfacción cuatrimestral cuyos resultados también deberán publicar. En el artículo 120 el Ejecutivo propone obligar el registro de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de cada proyecto en el Sistema Nacional de Información de Inversión Pública (SNIP), y los contratos de obras superiores a Q900,000 deberán incluir cláusulas que obliguen al contratista a instalar dispositivos de transmisión digital en línea, o el registro fotográfico mensual georreferenciado con fecha y hora si no hay internet, debiendo publicarse en Guatecompras los enlaces, y los avances físicos deben registrarse en el SNIP en un plazo máximo de 10 días hábiles al cierre de cada mes.

El anexo 9 detalla que en el artículo 38 de la iniciativa de ley el Ejecutivo propone aportes directos a organizaciones no gubernamentales, entidades sin fines de lucro, entidades lucrativas, entidades descentralizadas, autónomas no financieras y otras por un total de Q2,437.4 millones. Aunque la gran mayoría de las entidades que figura en este listado son entidades legítimas y de reconocido prestigio, el Icefi recuerda que en años anteriores se ha abusado de este mecanismo de aporte directo, especialmente cuando en el Congreso se agregan entidades que carecen de legitimidad o persiguen intereses, incluyendo los políticos partidarios. El Icefi recomienda avanzar hacia mecanismos de transferencia de fondos menos vulnerables al abuso, y que este listado no sea ampliado en el dictamen que emitirá la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) de Congreso.

Finalmente, el Icefi insta a la CFPM mantener la práctica democrática de realizar audiencias públicas, con condiciones y tiempo suficientes para el análisis y discusión de estos y otros elementos del proyecto de presupuesto para 2027, permitiendo la presentación de recomendaciones técnicas. El Icefi recomienda al Ejecutivo profundizar sus explicaciones, especialmente sobre su solicitud para que el Congreso apruebe una nueva excepción a la prohibición que establece a LOP y que permita en 2027 financiar con deuda pública bonificada  Q22,915.0 millones de gasto de funcionamiento. Recomienda al Congreso no adicionar aportes extraordinarios a los Codede, especialmente tomando en cuenta las vulnerabilidades y riesgos de esos aportes en año electoral.

Guatemala, Centroamérica, 16 de septiembre de 2026.

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