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Comunicados

Guatemala: análisis de la ejecución presupuestaria revela readecuaciones y ampliaciones presupuestarias cuestionables por su vulnerabilidad a la corrupción y la malversación con fines electorales

     

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó su nota de coyuntura 03-2022, Guatemala: análisis de la ejecución presupuestaria al primer semestre de 2022,[1] en la que analiza la ejecución presupuestaria durante el primer semestre de 2022. Las conclusiones de este estudio constituyen un insumo para identificar los errores contenidos en el proyecto de presupuesto para 2023 y claves para recomendar correcciones.


 

Documentos adjuntos:

 

Por el lado de los ingresos, el análisis del Icefi evidencia que, tal como lo advirtió en octubre de 2021, la meta de recaudación tributaria incluida en el presupuesto vigente de 2022 está subestimada. Los datos al final del primer semestre mostraban que la recaudación se situaba Q5.5 millardos sobre la meta, marcando una tendencia que se ha venido confirmando en lo que va del segundo semestre, toda vez al 31 de agosto la recaudación se situaba ya Q7.1 millardos sobre la meta. Una estimación conservadora y cautelosa del Icefi calculada con base a la recaudación efectiva apunta a que la recaudación de impuestos podría cerrar al final de 2022 en alrededor de Q86.9 millardos, Q10.6 millardos sobre la meta de recaudación vigente.

El Icefi insiste en advertir que el error de subestimación en la meta presupuestaria vigente de 2022 se está propagando a 2023, toda vez las autoridades calcularon la proyección de recaudación tributaria para 2023 con base en el presupuesto vigente, y no sobre la recaudación real observada. El error es tal magnitud, que a criterio del Instituto la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República prácticamente debe recalcular todo el proyecto de presupuesto para 2023, y de esta forma no repetir el error cometido en 2021.

Otra consecuencia del error de subestimación en la meta de recaudación tributaria de 2022 es que el monto de deuda pública bonificada autorizado está resultando excesivo. Al final del primer semestre de 2022 el déficit fiscal era de solamente 1.5 millardos, y al 31 de agosto de 2022 de Q2.6 millardos, significativamente por debajo de los Q27.5 millardos contemplado en el presupuesto vigente. A partir de este dato es que el Icefi considera que la autorización para negociar y colocar bonos del tesoro de Q15.7 millardos en el presupuesto vigente es excesiva.

Por el lado del gasto, el análisis del Icefi trasciende la evaluación común de los porcentajes generales de ejecución financiera estacionalmente usuales, de 42.3% al final del primer semestre de 2022 y de 68.0% a la fecha. La principal característica de la ejecución del gasto público son las ampliaciones presupuestarias por Q6,033.8 millones aprobadas por el Congreso de la República durante el primer semestre de 2022, principalmente destinadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura Vivienda (CIV) por Q3,191.2 millones, y muy cuestionadas por ser vulnerables a abuso, corrupción y malversación con fines político electorales; a los subsidios al gas propano y al diésel, a cargo del Ministerio de Energía y Minas por Q2,410.0 millones; al Instituto Nacional de Electrificación por Q90.0 millones, para apoyar la tarifa eléctrica social; y, a los Consejos Departamentales de Desarrollo por Q342.0 millones, en operaciones muy anómalas por haber sido preaprobadas en 2021, y también muy cuestionadas por ser vulnerables a abuso, corrupción y malversación con fines político electorales, luego de que el Congreso de la República relajara los controles sobre estos gastos mediante el Decreto número 31-2022. El Icefi explica que estas ampliaciones cuantiosas son otra clave para el análisis del proyecto de presupuesto para 2023, toda vez el techo presupuestario global recomendado por el Ejecutivo para el año próximo, prácticamente coincide con el vigente en 2022, incluyendo estas ampliaciones.

Además de las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, el análisis del Icefi revela que el Ejecutivo realizó durante el primer semestre de 2022 readecuaciones o transferencias presupuestarias sin alterar el techo presupuestario global, pero que sí modificaron los techos presupuestarios de entidades importantes. El Instituto resalta con preocupación que resultado de estas operaciones, se recortó el presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) en Q105.2 millones y el del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en Q100.0 millones, asignaciones que se transfirieron al CIV (Q47.2 millones), al Ministerio de Cultura y Deportes (Q58.0 millones), y al Ministerio de Desarrollo Social (Q100.0 millones). El Icefi critica estas transferencias porque evidencian un ordenamiento equivocado de las prioridades del gasto público, y porque las entidades receptoras figuran entre las más cuestionadas por anomalías y riesgos de abuso por actos de corrupción y malversación por fines político electoral.

Este documento del Icefi contiene una sección innovadora para sus publicaciones, al incluir un apartado con una contribución especial del Colectivo Tejiéndonos, integrado por organizaciones[2] que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia. Este colectivo contribuyó con una perspectiva de cómo la ejecución del presupuesto público se refleja en la realidad cotidiana de las niñas, los niños y los adolescentes, según la cual, lamentablemente, se confirman deficiencias importantes que los datos macrofiscales usualmente esconden. En particular, destacaron la confirmación en el campo de la inefectividad del seguro médico escolar privado que el Mineduc insiste en financiar, y que el Icefi ha considerado un drenaje de recursos públicos para un programa inefectivo, oneroso y discriminatorio. El informe del Colectivo Tejiéndonos da cuenta de deficiencias graves en la calidad de la educación, afectada severamente por las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia, y la gravedad de las carencias en salud, especialmente desatinos y errores del MSPAS en el diseño de protocolos sanitarios y la ineficacia para asegurar la disponibilidad suficiente y oportuna de insumos, medicamentos, especialistas, equipo, mobiliario y áreas hospitalarias para la atención especializada de la niñez y adolescencia.

 

Guatemala, Centroamérica, 10 de octubre de 2022.


[2] Asociación COINCIDIR, Asociación Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI), Fundación Esperanza y Prosperidad (FUNDAESPRO), Asociación Pop Noj’ y el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI).