El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), demanda al Gobierno de Guatemala desistir de la compra de aviones militares y de otros equipos bélicos e insta a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público a realizar cuanto antes las investigaciones, sancionar y deducir las responsabilidades que tanto en materia administrativa como penal, respectivamente, correspondan. El Icefi insiste que el presupuesto público es una de las principales herramientas para el desarrollo, por lo que debe seguir un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y la solución de los graves problemas socioeconómicos que enfrenta Guatemala y que limitan el bienestar de sus ciudadanos y, en consecuencia, el desarrollo democrático.

A criterio del Icefi, es inaceptable que un país como Guatemala fije como una prioridad o urgencia la adquisición pública de armas y equipo bélico, ya que desvía recursos de los esfuerzos para solucionar los gravísimos problemas estructurales que enfrenta. El Instituto reitera que esta acción choca con realidades alarmantes —advertidas en diversos estudios que ha realizado—, como la desnutrición crónica que sufre el 46.5% de la niñez menor de 5 años (unas 890,000 niñas y niños); la falta de cobertura educativa de aproximadamente 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; la carencia de un sistema de salud pública universal y efectivo, pues el primer nivel de atención de la salud pública actual solo tiene la capacidad de atender a la población guatemalteca que existía en 1955.

Se suman la violencia y delitos como la extorsión, que constituyen una realidad cotidiana para muchos, en tanto que la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura económica y social, la desigualdad, la pobreza y la exclusión prevalecientes limitan las posibilidades de un desarrollo económico y democrático. El agravamiento de las malas condiciones de vida de las mayorías sin una respuesta gubernamental apropiada y contundente —resultado de una administración pública estructuralmente mal gestionada y un Estado continuadamente corrompido—,  está obligando a muchos guatemaltecos a la migración, principalmente hacia los Estados Unidos de América. Como agravante, el Gobierno de Guatemala está sufriendo una pérdida sostenida de su principal fuente de financiamiento, ya que la carga tributaria está registrando una caída: en 2019 la recaudación de impuestos podría equivaler tan solo al 9.7% del PIB, lo que significaría un retroceso de alrededor de 20 años en la capacidad financiera gubernamental.

Con base en estas condiciones de grandes necesidades y pérdida acelerada de recursos financieros, el Icefi sostiene que la compra de aviones militares y otro equipo bélico no puede constituir una urgencia superior a la obligada atención de inversiones sociales. Además de la ilegitimidad de priorizar la compra de equipo militar en el contexto antes descrito, las negociaciones para estas adquisiciones se han realizado con opacidad. Es causa de preocupación la posibilidad de ilegalidades, como haber adquirido el compromiso de comprar los aviones militares sin el debido crédito presupuestario, violentado lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 240 de la Constitución Política de la República. Pese a que el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que los convenios internacionales son información pública, las autoridades no han publicado el texto del convenio suscrito, en tanto que el argumento de las autoridades para recurrir a complementar o extender un convenio preexistente entre las Repúblicas de Guatemala y Argentina, podría constituir delito de fraude toda vez pudo haber sido una argucia para eludir los controles que la Ley de Contrataciones del Estado establece para toda forma de adquisición pública.

Debido a la opacidad y secreto injustificado de las negociaciones con Argentina, las posibles ilegalidades, pero sobre todo a la profunda ilegitimidad, el Icefi demanda al Gobierno de Guatemala desistir de la compra de los aviones militares y de otros equipos bélicos. El Instituto apoya las acciones legales que están emprendiendo algunas organizaciones de sociedad civil presentando denuncias a los órganos jurisdiccionales, e insta a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público a realizar cuanto antes las investigaciones, sancionar y deducir las responsabilidades que tanto en materia administrativa como penal, respectivamente, correspondan. El Icefi insiste que el presupuesto público es una de las principales herramientas para el desarrollo, por lo que debe seguir un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y a la solución de los graves problemas socioeconómicos que enfrenta Guatemala y que limitan el bienestar de sus ciudadanos.

Guatemala, Centroamérica, 9 de julio de 2019.

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