El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert (FES), presentó su segundo informe de evaluación de los 18 compromisos en materia de transparencia fiscal contenidos en el Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2014-2016. 

En 2012 Guatemala se adhirió formalmente a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa global para fortalecer la apertura y la transparencia de los gobiernos, caracterizada por una participación equitativa del gobierno y la sociedad civil. En ese año, Guatemala lanzó su Primer Plan de Acción para el período 2012 y 2014, con resultados muy negativos, y en 2014 lanzó su Segundo Plan de Acción para el período 2014-2016. Pese a los conflictos acaecidos entre el Gobierno y la sociedad civil, el Icefi logró que en este plan se incluyeran 18 compromisos para transparentar la política fiscal. En febrero de 2015, el Instituto realizó una primera evaluación del cumplimiento de estos compromisos, reportando un alto nivel de incumplimiento.[1]

El Icefi continuó monitoreando y analizando las acciones del Gobierno, especialmente de las entidades responsables del cumplimiento de los 18 compromisos de transparencia fiscal del Segundo Plan de Acción 2014-2016, principalmente el Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otras. A criterio del Instituto, la presión ciudadana desatada por el escándalo de corrupción en la SAT del caso «La línea» motivó que las entidades de Gobierno se interesaran por cumplir estos compromisos de transparencia fiscal, y hacia el final de 2015 ya se registraban algunos avances en su cumplimiento.

El 30 de junio de 2016 concluyó la vigencia del Segundo Plan Nacional de Acción 2014-2016, y según el informe del Icefi, se logró un nivel aceptable de cumplimiento. Sin embargo, el Instituto considera que todavía hace falta mucho por hacer y el Gobierno debe darle continuidad a este esfuerzo, garantizando la participación y colaboración de la sociedad civil, como factores claves de un gobierno abierto. El Icefi explicó que el Gobierno avanzó en el cumplimiento de metas iniciales o intermedias para algunos compromisos de largo plazo, cuyo cumplimiento pleno requiere más de dos años. Esta situación aplica para transparentar las adquisiciones públicas, la aplicación y cumplimiento pleno del nuevo Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional o del Estándar del Foro Global de Transparencia Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Instituto informó que el Gobierno y la sociedad civil están trabajando en la fase final de la preparación del Tercer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018, el cual incluye metas para continuar avanzando en el cumplimiento de estos compromisos de largo plazo.

Otros objetivos de corto y mediano plazo registraron avances sustantivos e incluso prácticamente fueron cumplidos a plenitud. Entre estos destaca que la SAT publicó las metas de recaudación tributaria y su plan anual de recaudación, control y fiscalización, y transparentó las exenciones fiscales creando en su portal de Internet una base de datos de acceso público de personas y empresas que gozan tratamientos tributarios diferenciados, como las maquilas, zonas francas, centros educativos y religiosos.[2] El Icefi también reportó como un avance significativo que el INE haya creado la unidad que proveerá los precios de referencia para las adquisiciones públicas, y saludó las acciones recientes del MinFin para abrir espacios de participación ciudadana en el proceso de formulación presupuestaria, como el ejercicio de «Presupuesto Abierto 2017». En estos casos, el Icefi recomendó que los logros alcanzados se deben mantener, institucionalizar, mejorar y garantizar su funcionamiento aunque la vigencia del segundo plan haya concluido.  

El informe del Icefi revela que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado aprobadas en noviembre de 2015 y la presentación de la iniciativa de ley y su dictamen favorable para las reformas a la Ley Orgánica de la SAT incluyendo la regulación del secreto bancario para fines de fiscalización y control tributario, son acciones legislativas que apoyan directamente el cumplimiento de los 18 compromisos en transparencia fiscal contenidos en el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016. Pero lamentó por otro lado el déficit de implementación en los compromisos destinados a lograr una legislación complementaria para garantizar el derecho de acceso a la información pública, o riesgos de retroceder en algunos de los avances logrados, tal el caso de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, ya que en el Congreso de la República actualmente se discuten nuevas modificaciones y se han propuesto medidas para mutilar los controles y medidas anticorrupción logradas. Los diputados del Congreso de la República, tienen en sus manos la oportunidad de fortalecer o debilitar la transparencia fiscal del Estado guatemalteco, por lo que el Icefi les instó a evaluar con sumo cuidado las disposiciones que se apresten a aprobar, modificar o desechar.

El Icefi reconoció además esfuerzos muy escasos para avanzar en algunos compromisos de largo plazo como la consolidación de las cuentas del sector público no financiero, la integración de los subsistemas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el desarrollo pleno de Guatecompras y el fortalecimiento de las unidades de auditoría interna. El Instituto informó que en Tercer Plan Nacional de Acción 2016-2018 se están incluyendo metas para retomar el esfuerzo para cumplir estos compromisos hasta ahora con niveles altos de incumplimiento.

El Icefi hizo un llamado para mantener el espíritu y fuerza del movimiento ciudadano de 2015, razón por la cual reiteró la importancia de continuar, fortalecer y mejorar iniciativas como la AGA en Guatemala para avanzar en la agenda de transparencia fiscal. Reiteró su disposición de continuar trabajando en el ejercicio de auditoría social de las finanzas públicas, y apoyar a las entidades responsables de la transparencia fiscal en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de transparencia fiscal ante la AGA.

Guatemala, Centroamérica, 12 de julio de 2016.

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