GT-02-2016

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso como agenda fiscal para el desarrollo: atender la demanda ciudadana por probidad y transparencia; un gasto público efectivo, eficiente y eficaz como herramienta de desarrollo incluyente y democrático; y viabilidad financiera, con la tributación como responsabilidad democrática. 

En su inicio, el nuevo gobierno goza de condiciones macroeconómicas favorables para el crecimiento y confianza de los votantes y de los agentes económicos. Sin embargo, esta confianza se traduce en expectativas ciudadanas muy altas que, el Icefi advierte, contrastan con una crisis fiscal aguda, que limita los recursos para cumplir las promesas de campaña y las obligaciones del Gobierno. Las nuevas autoridades reciben la SAT en una grave crisis institucional luego del escándalo de corrupción de «La línea», encuentran deuda flotante heredada de 2015 e insuficiencia de ingresos que ya generan un «agujero fiscal» en 2016. Además, el sistema de salud también está en una crisis grave, un riesgo de ingobernabilidad potencial que se suma a las tensiones por salarios atrasados y otras insuficiencias del gasto presupuestado para el primer año de gestión del Presidente Morales. 

El Icefi es enfático en declarar la necesidad urgente de incrementar la carga tributaria, como la solución sostenible para sanear las finanzas públicas, ya que de lo contrario las opciones del Presidente Morales se limitan a asfixiar aún más el gasto público (incrementando los riesgos de ingobernabilidad), o solicitar endeudamiento público adicional al Congreso, dominado por la oposición política. Por ello el Icefi insiste en la necesidad de rechazar cualquier intento por crear o incrementar privilegios fiscales, y asumir la recuperación de la SAT como un desafío prioritario. El Instituto ha recordado su propuesta de hoja de ruta, debatida socialmente, para la recuperación de la SAT, en la que se incluye el fortalecimiento de su capacidad de combatir la evasión y establecer con claridad las responsabilidades de sus autoridades. Adicionalmente, el Icefi ha revelado algunas medidas para recuperar la carga tributaria, como lo son reformas al ISR que apoyen el financiamiento de la lucha contra la corrupción y corrijan las mutilaciones que sufrió la reforma tributaria de 2012. 

El gasto público aprobado para el primer año del nuevo gobierno es el más bajo como porcentaje del PIB en los últimos 17 años, por lo que resulta insuficiente para resolver problemas como la crisis en el sistema de salud pública. El Icefi hace un llamado para solucionar el problema de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, instando por un lado a respetarlos como instrumentos que defienden los derechos de los trabajadores, pero por otro a depurarlos de excesos y revisar la actuación de los líderes sindicales. Para el Icefi, sin un incremento en el volumen, calidad y efectividad del gasto público, Guatemala no podrá implementar ninguna agenda de desarrollo, y seguramente incumplirá los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Pero para lograr incrementar el gasto, el Icefi advierte que el Gobierno debe satisfacer las altas expectativas ciudadanas de probidad y transparencia. Para ello, el Instituto insta a reconocer que la lucha contra la corrupción tiene un costo, y que Guatemala debe pagarlo (no los contribuyentes de otros países que han financiado hasta ahora a la Cicig). Advierte que aun cuando se avance en el combate a la corrupción, los recursos son insuficientes para concretar la realización de los derechos de la población guatemalteca. Urge a articular un plan de transparencia y combate a la corrupción, técnicamente sólido y que contemple la participación incluyente y activa de la sociedad civil, en particular el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016. 

Finalmente, el Icefi llama a adoptar una agenda fiscal para el desarrollo, que supere la crisis actual en las finanzas públicas y que sea una herramienta efectiva para que Guatemala cumpla sus metas de desarrollo, al tiempo en que se fortalece la democracia. 

Guatemala, Centroamérica, 19 de enero de 2016.