En el Día de los Derechos Humanos, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó a los gobiernos centroamericanos implementar un nuevo paradigma de gestión pública, basado en un nuevo acuerdo social que considere a la política fiscal como la herramienta idónea para lograr el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, individuales y colectivos.

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El cumplimiento de los derechos humanos es un requisito para que todas las personas disfruten de una vida digna. El Icefi plantea que para el efecto los Estados centroamericanos deben reorganizarse para asumir como prioridad la garantía, protección y promoción de los derechos humanos como fundamento de las sociedades democráticas. Los gobiernos deben gestionar instituciones, instrumentos, medios, mecanismos y procedimientos para esa prioridad, lo cual debe reflejarse en los planes de desarrollo y políticas, incluyendo la fiscal.

Situar a la persona y sus derechos, individuales y colectivos, al centro del desarrollo de las sociedades centroamericanas exige un cambio en el quehacer público. En la actualidad, la gestión pública en Centroamérica continúa enfocada en las necesidades y no en la garantía de derechos, lo que implica el alejamiento de la universalización de los bienes y servicios para orientar la acción pública a un orden filantrópico de asistencia limitada, mientras la tributación sufre como resultado de nuevos y mayores privilegios fiscales. El cambio de paradigma requiere una gestión pública, con el protagonismo especial de la política fiscal, que no cosifique a las personas y que obligue a los Estados y a la sociedad a reconocerse responsables del respeto, protección y garantía de los derechos humanos, convirtiendo a todas las personas en protagonistas del cambio personal y social.

El Icefi sostiene que los derechos humanos son la base sobre la que se debe cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y sus 17 objetivos, ya que sin el goce pleno de la dignidad humana, no se puede concebir el desarrollo y, menos sostenerlo en el tiempo. El Instituto insiste en recomendar: i) fortalecer la planificación prospectiva y la instituciones que deben realizarla, colocando al centro a la persona y sus derechos, individuales y colectivos, y no la jerarquización y las privaciones; ii) implementar, institucionalizar y fortalecer la planificación participativa, que no cosifique a las personas, y que por el contrario las empodere en el marco del derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto y a ser elegido y acceder al servicio público, establecido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; iii) articular los planes con los presupuestos, logrando que los gobiernos evolucionen del enfoque presupuestista a uno basado en la expansión de derechos y promoción del desarrollo; iv) implementar y fortalecer el enfoque de presupuesto por resultados y, consistente con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, avanzar a la eficacia y eficiencia para el respeto, satisfacción y garantía de los Derechos Humanos; y, v) fortalecer e institucionalizar el monitoreo y la evaluación, abonar a la transparencia y superar la escasez de recursos.

El Icefi considera que estas recomendaciones tienen como premisa de corto plazo una reforma fiscal integral con enfoque de derechos humanos que logre:

1. Aumentar los recursos públicos que financian el desarrollo y el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en especial el incremento de la recaudación tributaria vía la lucha al contrabando y la defraudación tributaria, actualizar las tasas impositivas, eliminar los privilegios fiscales y los tratamientos tributarios injustificados, adoptar nuevas tecnologías y métodos de control del pago de impuestos;
2. Hacer progresivos los sistemas tributarios y el gasto público;
3. Orientar el gasto público al respeto de los derechos humanos y aumentar de manera sustancial el gasto social, en especial del destinado a grupos vulnerables, dentro de los que destacan la niñez y adolescencia, los pueblos indígenas, las mujeres y la población en situación de discapacidad;
4. Transparentar la gestión de la política fiscal, fomentando espacios para la participación ciudadana en los procesos de planificación y formulación presupuestaria del Estado; y,
5. Promover una política fiscal orientada a la suficiencia y la sostenibilidad.

Finalmente, el Icefi advierte que estas recomendaciones y medidas enfrentan desafíos políticos y sociales considerables, los que podrán superarse por medio de la participación madura y el consenso de toda la sociedad centroamericana, en el marco de nuevos y urgentes acuerdos sociales que, al tiempo en que reconocen el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, garanticen la democracia y el desarrollo.

Guatemala, Centroamérica, 10 de diciembre de 2019.