Ante el pronunciamiento del Presidente Salvador Sánchez Cerén, así como de diversos sectores de la sociedad salvadoreña sobre la necesidad de buscar un pacto fiscal, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), plantea que es el momento idóneo para alcanzar este acuerdo político, respetando el espíritu de lo que implica un acuerdo de tal envergadura.

El Icefi reitera que la crítica situación que atraviesan las finanzas públicas salvadoreñas, sobrepasan la capacidad del Gobierno, convirtiéndose en un problema de Estado. Los principales rasgos de la crisis fiscal son cinco. Primero, los continuos problemas de liquidez que se ven reflejados en el uso recurrente de deuda de corto plazo (Letes). Segundo, la baja recaudación que viene acompañada de una estructura tributaria regresiva, amplios privilegios fiscales y una débil administración tributaria. Tercero, un gasto público insuficiente, aislado de un plan de desarrollo y, en ocasiones, inefectivo. Cuarto, la deuda previsional que explica la mitad del déficit fiscal del Estado salvadoreño, en los últimos siete años.  Finalmente, los enormes desafíos en transparencia fiscal que se observan al no contar con mediciones certeras de evasión del impuesto sobre la renta, en la no inclusión del gasto tributario y la devolución de crédito fiscal en el presupuesto de gastos, así como la falta de control de la deuda flotante.

Ante esta realidad, el Instituto plantea que no existe una receta única para darle respuesta a los desafíos que la sociedad enfrenta, y que son los diversos actores los que deben de elaborarla por medio de un pacto fiscal que debe legitimar el papel del Estado respecto de sus responsabilidades frente a la democracia y el desarrollo.

El pacto fiscal se entiende como un acuerdo sociopolítico que reconoce las obligaciones y derechos recíprocos entre el Estado y la ciudadanía, que va más allá de los objetivos tradicionales de la política fiscal, por lo que su concreción debe ser el resultado de un consenso amplio, abierto y transparente entre la mayor cantidad posible de actores que representen sectores políticos, sociales y económicos. El Icefi afirma que un pacto fiscal no se puede limitar a una discusión sobre recorte de gastos o incremento de impuestos, pues abarca ingresos, gastos, inversión, deuda, transparencia, equidad y justicia fiscal, institucionalidad democrática, entre otros; es decir, un pacto fiscal debe tener un enfoque integral y fundamentarse en una visión de largo plazo, donde se busque el equilibrio en las cifras fiscales al tiempo en que se mejoran las condiciones de vida de la población salvadoreña.

El Icefi considera que un enfoque incluyente es una condición imperativa que debe atenderse desde el inicio del proceso. Las experiencias en otros países señalan que la inclusión del poder Legislativo y los partidos políticos (componentes fundamentales de todo régimen democrático), desde el inicio del proceso ayuda a amortiguar los cambios del ciclo democrático, pero también viabiliza el cambio institucional que se busca al democratizar las decisiones de la política fiscal. No obstante, el pacto fiscal no puede ser únicamente el resultado de la negociación del Gobierno con los partidos de oposición y el sector empresarial, pues la legitimidad de este tipo de acuerdo deriva de la participación amplia de las diversas expresiones de la sociedad.

El pacto fiscal abarca distintas etapas: preparación, negociación, socialización, ejecución y evaluación. El Icefi señala que un diseño bien elaborado es clave para evitar que la negociación se prolongue indefinidamente, y que el proceso degenere en una táctica dilatoria para impedir reformas fiscales; o que se desvirtúen los objetivos del diálogo, y se limite la discusión al análisis de temas coyunturales. Otro defecto que se debe evitar, es convertir la discusión en  un espacio entre élites, o que se propongan soluciones técnicamente sustentadas, pero políticamente inviables o viceversa. Aunque las inercias puedan proveer restricciones para llegar a acuerdos, herramientas como la transparencia, acceso a la información y estudios técnicos, son importantes para proveer elementos que justifiquen y sensibilicen acciones para el cambio.

El Icefi recomienda, como resultado de estudios y entrevistas realizadas a diferentes actores sociales salvadoreños, que el Presidente ejerza el liderazgo político de este acuerdo, en tanto que la fase operativa sea conducida por el Secretario Técnico de la Presidencia con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda.

El Icefi enfatiza que El Salvador se encuentra en las puertas de un momento histórico para que los salvadoreños y salvadoreñas, por medio de un proceso de construcción colectiva, fortalezcan la democracia y definan el tipo de sociedad en el que quieren vivir, con la garantía de una política fiscal moderna que promueva el crecimiento económico sostenible, la construcción de la equidad y la efectividad del Estado.

San Salvador, Centroamérica, 19 de julio 2016.

Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al correojuanpablo.ozaeta@icefi.org o al teléfono (502) 2505-6363.