ES-004-2015. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en el contexto de la propuesta de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, reiteró su llamado al gobierno y a la sociedad salvadoreña para buscar soluciones integrales a las necesidades de financiamiento de las políticas públicas.

El Icefi manifiesta que la situación de inseguridad que atraviesa El Salvador es alarmante, por lo que el Estado debe hacer esfuerzos extraordinarios para asegurar a sus ciudadanos una vida libre de violencia. Por ello, aplaude que se cuente con el denominado «Plan El Salvador Seguro» como un esfuerzo de diversos sectores de la sociedad para mitigar los factores estructurales de la inseguridad nacional.

Dicho plan tiene un costo estimado total de USD2,100 millones para cinco años. Por otro lado, luchar contra la violencia de manera sistémica, requiere que el Estado cumpla los objetivos planteados en el Plan Quinquenal de Desarrollo «El Salvador Productivo, Educado y Seguro» y dar respuesta a una necesaria reestructuración de la Seguridad Social, que son dos elementos que presionan al Estado salvadoreño para contar con ingresos públicos sostenibles en el tiempo.

El Instituto advierte que la actual propuesta de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, con la que se espera recaudar USD140 millones por año por medio del establecimiento de una alícuota del 10% a los servicios de comunicaciones, que deberán pagar los usuarios, no soluciona los estructurales problemas de recaudación. Asimismo, su aplicación hará más regresivo el sistema tributario. En lo político, la aprobación de esta propuesta de ley podría limitar las posibilidades de convocar y lograr, en el más corto plazo posible, un acuerdo amplio en materia fiscal.

El Icefi reitera la urgencia de que la sociedad salvadoreña avance hacia compromisos que permitan aumentar los recursos públicos, al tiempo en que el gobierno y la Asamblea Legislativa se responsabilicen con mayores esfuerzos para garantizar un gasto público efectivo, así como un manejo fiscal transparente y una mayor rendición de cuentas.

A criterio del Icefi, cualquier intención de incrementar los ingresos públicos debe basarse en la premisa de alcanzar una estructura tributaria progresiva; la cual se puede obtener por medio de la adopción de un impuesto patrimonial, la supresión de privilegios fiscales injustificados, así como las mejoras de la administración tributaria en el combate de la evasión y en el fortalecimiento de la fiscalidad internacional. En ese contexto, un gravamen a las telecomunicaciones debe dirigirse a las empresas considerando especialmente que las mismas, al igual que en el resto de los países de Centroamérica, disfrutan de un entorno oligopólico en el que hacen uso de frecuencias de propiedad pública para la transmisión, y sobre las que obtienen ganancias significativas.

El Icefi insiste en que mientras no se haga una reforma integral, la política fiscal salvadoreña continuará siendo débil e incapaz de potenciar la equidad y el crecimiento económico sostenible, pilares fundamentales de cualquier democracia.