En consorcio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, y la organización danesa de desarrollo IBIS presentaron el informe de su primera investigación conjunta, titulada “La minería en Guatemala: realidades y desafíos frente a la democracia y el desarrollo”. Estas organizaciones buscan contribuir a un debate informado y técnicamente sustentado entre los actores vinculados a las actividades extractivas.

El estudio destaca el carácter conflictivo de la minería en Guatemala, que, en términos generales deviene de: a) opacidad; b) fragmentación comunitaria y estigmatización criminal de la protesta social; y, c) problemas ambientales. El irrespeto a lo que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el Código Municipal, entre otros, establecen sobre consultas a las comunidades, de observancia general, previas, plenas, libres e informadas, constituyen una fuente de conflicto importante.

Según datos citados del Instituto Regional de Altos Estudios Políticos, el vínculo entre conflictividad e industrias extractivas es significativo: en 2010, de los 230 municipios sin licencias mineras, el 90% no reportó conflictos, en tanto que en los 101 municipios con ese tipo de licencias, el 78% reportó conflictos. En su mayoría los conflictos están relacionados con el deterioro ambiental, específicamente por la contaminación de fuentes de agua y deforestación. Otro aspecto determinante de la conflictividad, es la percepción que las comunidades tienen sobre las instituciones públicas como canales inefectivos e ilegítimos para mediar.

Asimismo, perciben que estas instituciones ocultan información y se inclinan a favor de la minería. Por su parte, las figuras de consulta aparecen como instituciones eficaces y legítimas para dirimir conflictos.

La minería en la economía de Guatemala representó en 2011 un 2.8% de la producción de bienes y servicios a nivel nacional. En cuanto a su impacto en las finanzas públicas, el estudio encontró que, en Latinoamérica las rentas de la actividad minera en 2007-2009 fueron 6 veces más grandes que en 1990-1992, lo que tuvo un significativo impacto en las finanzas públicas. Por su parte, en Guatemala, de los ingresos públicos (incluyendo impuestos y regalías) generados por el sector minero, casi la mitad provienen del impuesto sobre la renta, el 30% de timbres fiscales y papel sellado y el 20% de regalías.

Para el 2012, el aporte tributario total del sector de la minería fue de Q483.1 millones, equivalente al 5.7% de la producción de minas y canteras. Según datos de la Cepal, en el período 2004-2009, los ingresos fiscales en Guatemala derivados de la actividad minera representaron el 12% de las utilidades de las empresas mineras, por arriba del 10% registrado en Honduras, pero muy por debajo del 27% en Perú, 36% en Chile, 37% en Colombia y 58% en Bolivia. El estudio señala que los ingresos fiscales son bajos en Guatemala debido a que la legislación resulta insuficiente e inadecuada.

En consecuencia, las demandas de servicios, infraestructura vial, salud, educación e inversión social resultante de la instalación de un proyecto minero, exceden la capacidad fiscal del Estado para atenderlas. El consorcio IBIS-Icefi propone como solución iniciar un proceso de reformas legales e institucionales para cambiar el enfoque de la minería en Guatemala, para transitar de una estructura promotora a una reguladora.

Manifestaron que este proceso plantea desafíos tanto técnicos como políticos, entre los cuales destacaron la urgencia de un debate amplio e incluyente (en especial, a las comunidades afectadas por los proyectos mineros), que permita construir espacios de diálogo transparente e informado, y que, muy especialmente, permita además evaluar a la minería de metales como opción de desarrollo, sopesando sus costos y beneficios, reconociendo que la protección y garantía de los derechos humanos contribuye a la reducción de los conflictos. IBIS e Icefi anunciaron que para continuar con la promoción de espacios de diálogo se desarrollaran otras investigaciones y eventos donde se abordarán los siguientes temas:

1. Identificación de buenas prácticas internacionales en transparencia en industrias extractivas.
2. Identificación de buenas prácticas en mitigación y manejo de pasivos ambientales en la etapa de cierre de los proyectos de industrias extractivas.
3. Aproximación al costeo de medidas de mitigación y del pasivo ambiental generado en la etapa de cierre de proyectos de industrias extractivas en Guatemala.