Icefi presentó el diagnóstico de las finanzas públicas de Honduras para el período 2008-2012 y las perspectivas para 2013

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el análisis “Política fiscal hondureña en cuidados intensivos. Diagnóstico de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013”. Como su título lo indica, el estudio analiza lo acontencido en materia fiscal de 2008 a 2012 y muestra que la actual situación de crisis fiscal que vive el país centroamericano es una combinación de aspectos estructurales y coyunturales, cuyo abordaje debe hacerse en forma integral a fin de encontrar la mejor combinación de políticas para resolverla.
Entre los aspectos estructurales se destacan la fuerte vulnerabilidad del país a factores externos, las rigideces de la estructura tributaria y del gasto, así como las deficiencias de la administración tributaria. En los coyunturales, se resaltan el bajo rendimiento de las reformas tributarias recientes, así como la falta de control y priorización del gasto.
El documento subraya el alto nivel del déficit del gobierno central que de 4.6 % del PIB en el 2011 se incrementó a 6 % en el 2012, con una proyección similar para el 2013 si no se llevan a la práctica reformas fiscales adicionales que permitan equilibrar ingresos y gastos, así como avanzar en una agenda para la transparencia fiscal, la evaluación del gasto público y la utilización estratégica del endeudamiento público.
En ese sentido, reviste particular interés, el creciente endeudamiento público determinado principalmente por el fuerte incremento de la deuda interna que de 5 % del PIB en el 2008 pasó a 15.2 % en el 2012, con la posibilidad de un incremento adicional de 3 % en el 2013. En cuanto a la deuda externa, esta ha pasado de representar 16.7 % del PIB en 2008 a 20.2 % en 2012.

En relación al gasto corriente, el diagnóstico presentado por Icefi enfatiza que la tendencia a su disminución, observada desde 2010, como resultado del congelamiento de salarios a grupos amparados en Estatutos, se revirtió en el 2012 al aumentar nuevamente. Sin embargo, el aumento del gasto corriente ha estado determinado principalmente por el incremento de los pagos de intereses de la deuda, que de una participación de 0.6 % del PIB en el 2009 pasó a representar el 1.8 % en 2012.
Otro elemento que destaca el documento es la fuerte caída de la inversión pública en infraestructura que de una baja asignación de 2.4 % del PIB en el 2008 se ha reducido a un mínimo de 1.4 % en 2012, comprometiendo seriamente las posibilidades de crecimiento futuro del país. Las alianzas público-privadas que se han manejado como alternativa al debilitamiento de esta inversión han estado caracterizadas por un secretividad en las negociaciones y corren el riesgo de convertirse en una carga adicional para las finanzas públicas en el futuro. En relación al gasto social, se reconoce que aún hace falta mejorar su coordinación, integralidad y evaluación.

A diferencia de otras posiciones que consideran que el problema fiscal del país radica en el exceso de gasto, el presente trabajo enfatiza que la estructura fiscal debe analizarse a fondo en sus diferentes componentes. En este sentido, Icefi apoya los esfuerzos del Gobierno de la República al ordenar una revisión a fondo de las exoneraciones fiscales y recomienda que lo mismo deba hacerse con el Impuesto sobre la Renta. El aumento de los ingresos, gravando a los sectores con mayor capacidad tributaria, así como la transparencia y rendición de cuentas del gasto deben ser parte de una verdadera reforma integral.

El trabajo presenta algunas recomendaciones basadas en los principales hallazgos encontrados y están dirigidas a los diferentes sectores de la sociedad hondureña:

• Continuar con la revisión de las exoneraciones por parte de la comisión nombrada y elevar al Congreso Nacional la recomendación de eliminación de aquellas que no tienen ninguna justificación y que son el producto de intereses económicos particulares. La misma revisión deberá realizarse con el Impuesto sobre la Renta, tal como lo anunciara el Presidente de la República.
• Nombrar una comisión conformada por gobierno y sociedad civil para que analice la sostenibilidad de la deuda pública y proporcione recomendaciones sobre su reestructuración, principalmente de la interna, a fin de que sus propuestas puedan ser presentadas a los candidatos a la presidencia en el marco de las elecciones generales de noviembre próximo.
• Realizar un estricto cumplimiento de las medidas de control del gasto establecidas en el presupuesto del 2013 a fin de evitar que se sigan realizando gastos sin asignación presupuestaria y de esta forma cumplir con la meta del déficit fiscal programada.
• Blindar el gasto dedicado a los sectores más vulnerables de la población como son los niños, los adolescentes  las personas de la tercera edad, así como los recursos dedicados a la seguridad alimentaria.
• Establecer mecanismos que fortalezcan la transparencia, no sólo en la publicación de información, sino en el combate a la corrupción y la rendición periódica de cuentas.
• Revisar la forma en que actualmente se están realizando las alianzas público-privadas a fin de evitar presiones fiscales adicionales en el futuro.
• Buscar que los organismos contralores del Estado ejerzan eficazmente sus funciones en el área fiscal.
• Promover un pacto fiscal para los próximos años que se caracterice por un abordaje integral de las finanzas públicas y en el que todos los sectores aporten su cuota de contribución equitativa en la búsqueda de soluciones. Para ello se requerirá el establecimiento de prioridades nacionales, una estructura tributaria más equitativa y un gasto público más efectivo y transparente.
• Vigilar que las promesas de campaña se ajusten a la verdadera situación fiscal del país como contribución a un debate informado de las ofertas electorales. En el actual contexto electoral, los partidos políticos están llamados a debatir con los ciudadanos sobre la forma en cómo resolverán los problemas de las finanzas públicas, a la luz de sus particulares promesas electorales.

Finalmente, el diagnóstico aboga por la construcción de un pacto fiscal en el que se reflejen acuerdos nacionales que permitan que la política fiscal sea un instrumento para la competitividad, el desarrollo humano y la consolidación de la democracia.