Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
En El Salvador no deberíamos dejar pasar por alto la oportunidad de reflexionar sobre lo que nos falta por hacer para construir un país con justicia social.
El coste de oportunidad de esas decisiones no solo lo constituye el dinero que se puede perder en potenciales actos de corrupción, sino también en todos aquellos derechos de los y las salva
En nuestro país ya no hay Estado de derecho, certeza jurídica o independencia de los poderes del Estado.
Los elementos anteriores son una señal inequívoca de que la situación fiscal continua siendo crítica e insostenible.
Somos un país distópico en materia de derechos humanos. Las vulneraciones y violaciones a los derechos de todas las personas están a la orden del día y todas las personas podemos ser víctimas.
El pasado 1 de mayo se celebró el Día internacional de las personas trabajadoras, en conmemoración del inicio de la huelga de sindicalistas estadounidenses que en 1886 exigía una jornada laboral de 8 horas. Una esperaría que después de 131 años, nuestras sociedades fueran plenamente conscientes del rol protagónico de la clase trabajadora dentro de la vida en sociedad; sin embargo y a pesar de las reivindicaciones logradas, aún persisten luchas por ganar, una de ellas es el derecho a un trabajo digno, que también implica una pensión digna.
En un contexto como este, resulta estratégico que la región fortalezca su propia acción climática, y vaya más allá de la COP, particularmente en materia de financiamiento.
Los actos de corrupción ocurren incluso en momentos de emergencia y tragedia; las personas corruptas, no tienen ni un ápice de decencia humana, e incluso en momentos de crisis se aprovechan
La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene la oportunidad de abonar al proceso de reconciliación nacional, que sirva como base para la paz y la democracia de nuestro país, pero esto no se logrará sin justicia transicional.