Una de las principales aspiraciones sociales contemporáneas es contar con países libres de corrupción. Es un anhelo legítimo porque en muchos países, además de que persisten problemas fiscales crónicos que impiden contar con los recursos suficientes para resolver todas las necesidades de la población, nunca será posible alcanzar los objetivos de las políticas públicas si existen funcionarios que anteponen sus intereses (o de sus partidos políticos), a los de la mayoría. Esto implica insistir, dentro de su ideario práctico, en el uso de las entidades estatales como botín. 

En Guatemala el problema es que no han existido planes estratégicos ni agendas destinadas a modificar sustancialmente las condiciones o mecanismos que posibilitan los actos de corrupción. Existen avances, por supuesto, pero como consecuencia de impulsos atribuibles a  determinados funcionarios, y no a un abordaje sistémico del tema. Desde 2000 es posible identificar en cada gobierno la creación de comisiones especializadas de transparencia en el Organismo Ejecutivo (de carácter unipersonal o colegiado), pero que han sido incapaces de concretar un análisis, diagnóstico, diseño e implementación de prácticas, políticas y estrategias integrales contra la corrupción, especialmente desde el ámbito preventivo.

Los resultados a la fecha son magros, como muestra la situación de Guatemala en las mediciones especializadas de corrupción como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, la dimensión de «Control de la corrupción» de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial, o los indicadores sobre percepción de pagos irregulares y sobornos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Las calificaciones obtenidas ubican a Guatemala en el segmento de naciones con alta percepción de corrupción y con una inercia que permite o mantener la misma calificación o empeorarla. 

En ese contexto, no extraña la importancia del trabajo conjunto del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para desarrollar la persecución penal en casos de corrupción. Aunque las sentencias se siguen generando a cuentagotas en los casos emblemáticos (en buena medida, debido a los males crónicos que aquejan al sistema de justicia y al abuso en la presentación de recursos para retardar los procesos), nunca antes en la historia reciente del país se habían revelado dentro de procesos judiciales las prácticas que las clases política y económica han utilizado para hacer funcionar este sistema corrupto. Y no cuesta entender que esas prácticas han sido útiles para que mantengan sus privilegios, negocios y cuotas de poder, destacando el nexo entre estos sectores a través del financiamiento electoral.

Así, resulta natural que los numerosos procesos legales llevados a cabo contra diputados, alcaldes, jueces, magistrados, empresarios, dirigentes de partidos políticos y altas autoridades del Organismo Ejecutivo (incluyendo a varios exfuncionarios y al actual presidente de la República), entre otros, hayan consolidado una actitud de rechazo a las acciones conjuntas del MP y la Cicig. Esto explica que en público o en privado, esas élites políticas, económicas y gremiales (otrora intocables) no rechacen o vean con desagrado las acciones encabezadas por el gobierno de Jimmy Morales para finalizar con el trabajo de la Cicig, que aunque se envuelvan en una narrativa de soberanía y falso nacionalismo (entre otros «valores» que se enarbolan para esta cruzada), sí tienen un claro propósito: frenar la lucha contra la corrupción. Y esto es lo más preocupante, porque perdemos todos.

Si analizamos con detalle, las decisiones más recientes del presidente Morales alrededor de la Cicig no están siendo acompañadas por ninguna propuesta para delinear esfuerzos nacionales y sostenibles para combatir la corrupción, menos para implementar un diálogo social alrededor del tema debido a la intolerancia expuesta desde la Presidencia de la República frente a cualquier crítica formulada por actores sociales o incluso por otras entidades públicas. Este fue el caso de la Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2017 - 2022, que fue aprobada por la Alianza para la Transparencia el 26 de abril de 2017, pero que se quedó en el limbo debido a que el Organismo Ejecutivo nunca emitió el Acuerdo Gubernativo que permitiría su vigencia, y al enfrentamiento público del presidente con los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Contraloría General de Cuentas y del MP, entidades que integraban esa alianza.

Sumado a lo anterior, son notorias las constantes quejas del Presidente en eventos públicos sobre los controles establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, en la Ley Orgánica del Presupuesto o en las leyes anuales del presupuesto, o al supuesto exceso de fiscalización a cargo de la Contraloría General de Cuentas, que según él causan dificultades y miedo a sus funcionarios para ejecutar el presupuesto. Y como antecedentes caben añadir los abusos en el uso de los recursos públicos por el propio presidente (destaca el caso del bono ilegal en el Ministerio de la Defensa y la denuncia del despilfarro en los gastos personales) y por funcionarios cercanos a él (los casos del Ministro de Ambiente y del exvocero de la presidencia), así como el constante bloqueo de sus funcionarios para acceder a información pública en asuntos controversiales (en particular, sobre el cambio de sede de la Embajada guatemalteca en Israel). En pocas palabras, el compromiso presidencial con la transparencia y la probidad predomina en el discurso pero no en la práctica.          

Y para colmo, un segmento de legisladores está empeñado en impulsar la aprobación de leyes para asegurarse impunidad y mantener sus privilegios en el ámbito político (como la reactivación del transfuguismo sin límites), pero además para concentrar mayor poder en el trámite de los antejuicios que por mandato constitucional debe conocer el Congreso de la República, en desmedro de los pesos y contrapesos que deben primar en sistemas democráticos para contrarrestar la ambición desmedida en el ejercicio del poder. También muestran alto interés en emitir nuevas normas para asegurar un control más riguroso de las organizaciones no gubernamentales, constituyendo en realidad una amenaza o intento de  mordaza frente a las organizaciones que son más críticas con las actuaciones del gobierno. Por el contrario, cualquier agenda legislativa anticorrupción simplemente se percibe relegada.

En este ambiente, Guatemala está muy lejos de ser un país libre de corrupción. Por eso, los tiempos actuales demandan de la ciudadanía una mayor vigilancia y fiscalización de las decisiones que toman las autoridades en los tres poderes del Estado, utilizar los canales legítimos para demandar acceso a la información pública y rendición de cuentas, así como exigir políticas integrales contra la corrupción. Y frente a los eventos de las últimas semanas, corresponde rechazar con firmeza la reactivación de prácticas autoritarias que creíamos habían sido superadas, en particular las acciones intimidatorias de las fuerzas de seguridad civiles y militares, los intentos para coartar la libertad de expresión y la actitud desafiante de las autoridades frente a resoluciones emitidas por el tribunal constitucional guatemalteco, como acciones que parecen alimentar las fantasías de otro presidente con aspiraciones de dictador.