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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la encrucijada

La crisis del COVID-19 puso de manifiesto la importancia de los sistemas de protección social para proteger la salud, el empleo y los ingresos, por lo que en 2020 se introdujeron muchas medidas nuevas de protección social, sin embargo, un alto porcentaje de los gobiernos optaron por desmantelar o no dar continuidad en 2021 a esos programas extraordinarios de apoyo económico y social


En abril de este año, el Consejo de Económico Social de Naciones Unidas presentó un informe que brinda un panorama general de la situación en la que se encuentran actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el mundo. Los datos que ofrece permiten hacer una reflexión sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los principales ODS y sobre qué deberían hacer los Estados en los próximos años para acelerar sus acciones y acercarse a las ambiciosas metas que se impusieron en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En informes previos, el Sistema de Naciones Unidas indicó que se estaban evidenciando progresos desiguales, dentro de los que destacaron algunos avances en reducción de la pobreza, la mejora de la salud materno-infantil, el acceso a la electricidad y la promoción de la igualdad de género, entre otros. Sin embargo, con la llegada de la crisis sanitaria del COVID-19, llegaron también graves efectos económicos y sociales que no solo están dificultando el logro de los Objetivos, sino implicando serios retrocesos en algunos de ellos.

A causa de la pandemia, que se suma a las amenazas que entrañan el cambio climático y los conflictos para la erradicación de la pobreza, el número de pobres registró un aumento en 2020 entre 119 y 124 millones de personas y, por primera vez en una generación, aumentó también la tasa de pobreza extrema del 8,4 % en 2019 al 9,5 % en 2020. La crisis también agudizó las desigualdades: en 2020 se perdió el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, y otros 101 millones de niños y jóvenes se quedaron por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura, lo que anuló los avances educativos logrados en los dos decenios anteriores.

El desempleo en el mundo creció en 33 millones de personas en 2020, y la tasa de desempleo aumentó en 1,1 puntos porcentuales, hasta el 6,5 %. Los jóvenes y las mujeres se vieron especialmente afectados por la crisis, con pérdidas de empleo en 2020 del 8,7 % y el 5 %, respectivamente, frente al 3,7 % entre todos los adultos y el 3,9 % entre los hombres. Asociado a una realidad centroamericana, la pandemia ha afectado gravemente al sector informal, y también ha tenido efectos desproporcionados en los medios de vida de los jóvenes y las mujeres trabajadoras, que ya tienen muchas más probabilidades de vivir en la pobreza.

La crisis del COVID-19 puso de manifiesto la importancia de los sistemas de protección social para proteger la salud, el empleo y los ingresos, por lo que en 2020 se introdujeron muchas medidas nuevas de protección social; sin embargo, un alto porcentaje de los gobiernos optaron por desmantelar o no dar continuidad en 2021 a esos programas extraordinarios de apoyo económico y social. El informe señala que 4,000 millones de personas en todo el mundo, en su mayoría pobres y vulnerables, todavía carecen de protección social.

También se incrementaron las vulnerabilidades e insuficiencias de los sistemas alimentarios mundiales y en 2020, se estima que entre 83 y 132 millones de personas más pueden haberse visto afectadas por el hambre crónica. En salud, ante la prioridad que tuvo la atención a quienes padecieron el COVID-19, uno de los efectos más preocupantes fue la interrupción de servicios sanitarios esenciales relativos a trastornos de la salud mental, neurológicos y por abuso de sustancias, enfermedades tropicales desatendidas y VIH, así como servicios para otras enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes, planificación familiar, malnutrición, vacunación y malaria. Se estima que durante el 2020 aumentó el porcentaje del presupuesto familiar destinado a pagar gastos médicos por cuenta propia, lo que afecta el gasto en otros bienes y servicios esenciales, como la alimentación y la educación.

A más de cinco años de haber comenzado la implementación de los ODS, los datos de este informe y de otras mediciones independientes, deben servir a las autoridades de los países para revisar con honestidad sus prioridades nacionales de desarrollo a la luz de los efectos económicos, políticos y sociales de la pandemia del COVID-19. Con esto deben ser capaces de identificar que políticas públicas no están alcanzando los resultados deseados, para ajustarlas, modificarlas o sustituirlas.

Estos esfuerzos deben ir acompañados de una movilización de recursos congruente con las acciones que aún falta realizar en los siguientes diez años. Es claro que los efectos fiscales de la pandemia provocaron problemas de endeudamiento en muchos países y están limitando su espacio fiscal y político para realizar inversiones críticas en la recuperación, incluido el acceso a las vacunas, pero debe determinarse la ruta más apropiada para garantizar los recursos, si el interés es cumplir efectivamente los compromisos asumidos en los ODS, y considerar la realización de acuerdos o pactos fiscales que contribuyan para esa finalidad.

 
Carlos Melgar // Investigador / @carlosmelgargt
 
Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.