Hasta la fecha ha pasado casi desapercibida y ha sido motivo de una que otra celebración y algarabía, pero si volcamos nuestra atención, nos daremos cuenta como la Ley de Turismo merece menos alegrías de las que recibe. Dicha ley se ha convertido en la forma “innovadora” para la creación de privilegios fiscales injustificados, beneficiando siempre más a los que más tienen.

Sino díganme ustedes qué necesidad tienen «bares y restaurantes con reservas en el derecho de admisión –Envy, Terraza Cadejo, Paradise y, Tapas y Cañas-, una residencial con campo de golf –El Encanto-, famosos hoteles de playa –Kayu, Las Veraneras, La Cocotera y Decameron Salinitas-, grandes franquicias hoteleras de la capital –Marriot, Intercontinental, Sheraton-, entre otros» el merecer una exención en el pago de impuestos a cambio de sus inversiones, las cuales per se ya les estarían generando mayores ganancias. 

Dicha ley establece dentro sus consideraciones el objetivo de estimular el desarrollo de la actividad turística, como medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país. Sin embargo, al recordar que dicha ley fue producto de un madrugón -el sábado 10 de diciembre de 2015- impulsado por el partido oficial de turno –ARENA-, con el apoyo del PCN y PDC; realizado con el fin de incorporar peticiones hechas por el empresario Ricardo Poma, presidente del grupo Poma, consorcio dueño de la ahora Corporación Hotelera Internacional S.A. de C.V. alcanzaría para darse cuenta que el goce de dicho crecimiento y desarrollo no sería para todas y todos.

Pero la indignación no termina ahí. No podemos olvidar como los hoteles las Veraneras y Decameron Salinitas dañaron metros enteros del arrecife de coral Los Cobanos, contando con la venia del ministro de medio ambiente de turno -Hugo Barrera-, quien aprobó la destrucción a través de evaluaciones de impacto ambiental con grandes carencias técnicas.  Todo en pro del aumento en la inversión en el sector turístico, a pesar de que la misma ley establece su acción bajo el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales y culturales. Pero además, ambas empresas cuentan con múltiples denuncias por violaciones a derechos laborales.

De igual forma durante el año 2014, fue declarado Proyecto de Interés Turístico Nacional la construcción de El Encanto Villas y Golf. Quienes con sus membresías a partir de los 10 mil dólares, estarán gozando de esa manera del perdón del pago de impuestos sobre la renta por 10 años, exención de los derechos arancelarios a la importación y exención del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Todo esto a pesar de encontrarse en un municipio donde cerca de 10 mil personas padecen escases de agua, mientras que el campo de golf por si solo consumirá el equivalente a las necesidades del recurso hídrico de 9 mil personas. Lo que nos lleva a pensar ¿hasta qué punto esto no comienza a considerarse un acto de corrupción? En el cual hemos prostituido los objetivos de la política fiscal, privilegiando el negocio de unos pocos, por sobre los intereses colectivos de la sociedad.

Es latente la necesidad de atracción de inversión para la generación de crecimiento y empleo en nuestro país. Pero no podemos permitirnos que sea a costa de sacrificios fiscales que promueven inversiones que degradan el medio ambiente, generan empleos con salarios de subsistencia y bajo condiciones de trabajo inestables, creando una oferta turística para los más ricos y privilegiados.

En un país, donde las finanzas públicas no dan abasto para atender las crecientes necesidades de su población, la existencia de incentivos fiscales para quienes no los necesitan no tiene cabida. E incluso hace que para poder revertir los abusos y equilibrar la balanza de la justicia fiscal, no sea necesaria la creación de nuevos impuestos, bastara con eliminar los privilegios existentes.

Esta columna fue publicada el 09 de junio de 2016 en diario El Mundo de El Salvador