Cuando usted visita los mercados municipales es común encontrar los puestos donde le venden los “remedios” para cualquier dolor o malestar que tenga. Incluso le venden pócimas mágicas para que se haga millonario o encuentre el amor de su vida, por ejemplo. Pues resulta que en el mercado de políticas públicas también se transan pócimas mágicas.

La semana pasada se aprobaron reformas a la Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado. Quién se opondría a una ley con ese nombre, grandilocuente como el de la pócima para el amor, pero en el fondo no es más que el otorgamiento de privilegios fiscales para que las empresas puedan deducirse entre tres y 12 salarios mínimos del pago del Impuesto de la renta. Todo esto en un contexto en el que el Estado no tiene ni para pagar las facturas del fin de mes.

Esta aprobación se da sin un estudio técnico que muestre cuáles son los costos y los beneficios de esta reforma, cuántos empleos y de qué calidad se van a generar, si son sectores estratégicos o no, y no existe un dictamen de parte del Ministerio de Hacienda que revele a cuánto ascendería el sacrificio fiscal. Pero como es una pócima mágica, no importa que la educación sea de muy baja calidad o que las inversiones en niñez y adolescencia caigan, total la pócima lo arreglará. Y es mágica, pues hasta ahora nadie conoce estudios técnicos que demuestren el impacto positivo del otorgamiento de privilegios fiscales en la generación de empleo, en el crecimiento económico y en el bienestar de vida de la población. Los privilegios fiscales son casi un acto de fe.

De hecho, un estudio auspiciado por el BID para evaluar la efectividad de los incentivos fiscales en las zonas francas de exportación en El Salvador, concluía «que las empresas que recibieron los beneficios del régimen de zonas francas tienen ventas menores a las empresas del grupo de control pero no se observan diferencias en la utilidad / ventas. La diferencia en el tamaño se explica por las empresas pequeñas. En las empresas grandes no se detectaron diferencias en el tamaño de ventas ni en la tasa de utilidad. En este último caso, es interesante remarcar que no existen diferencias entre las empresas con y sin beneficios respecto de la utilidad antes de impuestos».

A esto se suma el anuncio de parte del Ministerio de Turismo de darle la categoría de «Proyecto de interés turístico» a una taberna -restaurante con ambiente americano/irlandés y a una empresa de alquiler de autos. No me extrañaría que cualquier día anuncien que una tienda de ropa entre en esa categoría, con eso de que los parques más grandes que tenemos son los centros comerciales.

No se puede seguir parchando más las finanzas públicas. La discusión del acuerdo fiscal que requiere el país necesita abordar de forma estratégica el rol de la política fiscal para la transformación productiva. Pues de nada servirá ofrecerles a las empresas que no paguen impuestos para impulsar el crecimiento económico, si no se atajan los lastres para la competitividad: bajos niveles de escolaridad, falta de lucha contra la corrupción, la polarización política, poco acceso a mercados y dificultades para potenciar la modernización tecnológica, por señalar algunos.

Este tipo de privilegios mina la legitimidad de empresarios y políticos frente a la ciudadanía, porque con qué cara se les dirá luego que tendrán que pagar más impuestos si previamente unos hacen lobby y otros les aprueban que un grupo privilegiado no lo haga; además es competencia desleal con los empresarios que pagan a cabalidad sus obligaciones tributarias. Asimismo, incrementan la desigualdad y limitan las posibilidades de contar con un Estado que dé la talla frente a los desafíos de la democracia y el desarrollo. Así que ha llegado el momento de lograr un acuerdo fiscal integral o ¿usted prefiere tener fe en que las pócimas mágicas funcionen?

Esa columna fue publicada en El Mundo el 16 de febrero de 2017