El análisis de sostenibilidad fiscal proporciona una panorámica de la capacidad de un país para hacer frente a sus compromisos, tanto en rol de proveedor de bienes y servicios, como en de deudor. En este análisis, el déficit fiscal y el saldo de la deuda pública como porcentajes del producto interno bruto (PIB), son elementos centrales. Sin embargo, en los países en los que las remesas son de una magnitud importante, utilizar porcentajes del PIB puede no reflejar la capacidad de pago real de una economía. Así, en el caso de El Salvador, es más preciso utilizar el PIB más remesas o el Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD, que incluye las remesas) en lugar del PIB como indicador de la capacidad de pago de la economía salvadoreña.

Este cambio resultaría estratégico para la gestión económica gubernamental, ya que la inclusión de las remesas permite reflejar de mejor forma la capacidad de pago de la economía salvadoreña, dado su impacto económico en tres niveles:

(i) Microeconómico: las remesas dotan aproximadamente a uno de cada cinco hogares salvadoreños de capacidad monetaria periódica para hacer frente a sus compromisos actuales y futuros. Se estima que del total de remesas recibidas por los hogares, aproximadamente el 98.8 % se destina a consumo e inversión en bienes tangibles, y resto al ahorro.

(ii) Macroeconómico: el flujo de remesas es uno de los principales motores del consumo privado. El estímulo de las remesas a la demanda ha tenido un impacto positivo en la ampliación de la base tributaria, sobre todo considerando que aproximadamente un 60 % de los ingresos tributarios netos del gobierno central se obtienen de impuestos que gravan el consumo. Por otra parte, el nivel de ahorro, aunque leve, otorga cierto margen a instituciones del sistema financiero para adquirir instrumentos financieros con garantía soberana, abriendo la posibilidad a colocar mayores niveles de deuda pública.

(iii) Exportación de factor trabajo: las remesas pueden ser pensadas como la contrapartida de la exportación de servicios de mano de obra, ya que entrañan el mismo concepto económico de cualquier exportación de servicios.

Estos puntos dejan patente el papel de las remesas como una fuente de recursos que potencia la capacidad de pago de los hogares y países. Por ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Marco de Sostenibilidad Fiscal de 2009, otorga flexibilidad para que países de renta baja con un nivel de remesas mayor a 10 % del PIB, puedan incluir las remesas en sus análisis de sostenibilidad fiscal. De hecho, en el documento del FMI denominado Fiscal Sustainability in Remittance-Dependent Economies se estima que la sostenibilidad de la deuda es mayor en países con alta recepción de remesas en los que la tasa de crecimiento real de las remesas es mayor a la tasa de crecimiento del PIB real. Precisamente, el caso de El Salvador.

Esto es importante porque, además de transparentar la capacidad de pago del país, hay que tener presente que el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales podría estar próximo a ser publicado y, según un documento del FMI, el PIB en 2005 (año base) sería 14.4 % menor de lo que es actualmente. Esta sub-estimación –aunque probablemente en menor grado- podría mantenerse para años más recientes. El principal resultado de utilizar un PIB menor sería un incremento en las ratios de déficit fiscal y deuda, lo que impactaría de forma negativa en los análisis de sostenibilidad de la deuda y en las evaluaciones de riesgo país. Por ello, es estratégico para la gestión económica gubernamental que las remesas sean incluidas –ya sea por medio del INBD o un PIB más remesas- en los análisis de sostenibilidad de la deuda. Esto ya ha sido solicitado por el Gobierno de El Salvador en las revisiones según el artículo IV del FMI; sin embargo, aún no se incluyen en los reportes de dichas revisiones, por lo que es importante que las autoridades económicas no quiten el dedo del renglón.

Esta columna fue publicada en El Mundo, el jueves 20 de abril 2017