Entre las propuestas se destaca la reasignación de cerca de Q1,200 millones para fortalecer los sistemas de salud, educación y justicia, así como medidas para eliminar gastos superfluos y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública en un año electoral. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hizo llegar a los jefes de bancada de los diferentes bloques legislativos, una propuesta de cambios cuyo objetivo es contar con un presupuesto público más pertinente y legítimo frente a los desafíos sociales, políticos y económicos de 2015.

La propuesta sugiere una reasignación por Q1,200 millones que obliga a reducir las asignaciones destinadas a programas y actividades presupuestarias con un comprobado bajo impacto sobre el bienestar de la población, así como aquellas que podrían tener un sesgo electoral. En contraposición, el Instituto sugiere aumentar asignaciones en rubros de gasto esenciales, principalmente en Salud, Educación y Justicia.

A esta propuesta se suma un conjunto de normas para proteger el gasto social, en especial el destinado a la niñez y adolescencia, y regular la contratación de deuda pública. En materia de transparencia tributaria, el Icefi propone que la SAT esté obligada a publicar las metas de recaudación, el Plan de recaudación, control y fiscalización, así como el Convenio para el cumplimiento de las metas de recaudación, que según la ley, deben suscribir esta institución y el Ejecutivo.

Además, el Icefi propone transparentar las exenciones y exoneraciones de impuestos, así como todo privilegio fiscal contemplado en la legislación vigente. Propone también que la SAT elabore y publique estudios sobre gasto tributario y de la evasión de impuestos. El Icefi ha propuesto que el Ministerio de Finanzas Públicas publique y rinda informes sobre donaciones y préstamos; informe sobre las regalías de las industrias extractivas (incluyendo el denominado “aporte voluntario” de las mineras), y garantice el acceso público a todos los sistemas de administración financiera.

La propuesta enfatiza que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, deben publicar e informar sobre sus planes de transición para abandonar los esquemas de ejecución de gasto público a través de ONG y organismos internacionales, modelo de gestión que ha sido objeto de serios señalamientos de opacidad y corrupción. Asimismo, el Instituto puntualiza que el Ejecutivo debe asegurar que las asignaciones presupuestarias que se destinaban a ONG que prestaban servicios de salud, deben reubicarse en la prestación directa de estos servicios, fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El Icefi plantea advertencias específicas en cuanto a la necesidad de cubrir los costos financieros en 2015 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con el magisterio nacional y propone que toda negociación laboral debe atender la situación financiera del Gobierno, y contar con la participación obligatoria del Ministerio de Finanzas Públicas. El Instituto plantea en su propuesta que el gasto social no debe ser variable de ajuste al considerar recortes al Presupuesto, y propone defenderlo eliminando rubros que podrían constituir actividades de propaganda electoral o clientelismo.

En ese sentido, el Icefi detalló su propuesta para prohibir y suprimir gastos superfluos como propaganda y publicidad, y reiteró que se debe prohibir el uso de fondos públicos para fines electorales. El Icefi reiteró la necesidad de aprobar el presupuesto, una vez evaluadas las modificaciones técnicas que garanticen la buena gestión de los ingresos y gastos públicos.