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Comunicados

La adquisición de pruebas falsas para detectar Covid-19 es otra prueba más de que la corrupción mata

     

Expresamos nuestra indignación ante la denuncia sobre la adquisición fraudulenta de pruebas de laboratorio para la detección de Covid-19. 


Documento adjunto:

Es inconcebible que en plena crisis humanitaria causada por esta pandemia, en la que guatemaltecas y guatemaltecos perdieron la batalla contra el virus y otros más sufren todavía de las consecuencias de la enfermedad, existan particulares y servidores públicos que buscan beneficios económicos personales con la adquisición pública de las pruebas. El Ministerio Público debe investigar este nuevo escándalo y encontrar las pruebas que permitan que los responsables rindan cuentas ante los tribunales, y solicitar las penas máximas establecidas en el Código Penal, ya que los delitos que pudieron haberse cometido violentaron una operación con fin asistencial, y con ello pusieron en riesgo la vida de muchas personas.

La investigación debe  establecer si las pruebas falsas fueron utilizadas en los departamentos a los que fueron destinadas. Por ejemplo, según Laboratorio de Datos en Huehuetenango, uno de los departamentos mencionados en la denuncia, se realiza un promedio de 775 pruebas por semana, pero en la última semana de enero se realizaron 9,363 pruebas y 6,384 en la primera  semana de febrero. A pesar de este incremento significativo, los casos detectados no se incrementaron: 98% de estas pruebas resultaron negativas. Como en ocasiones anteriores, al momento el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no han ofrecido una explicación satisfactoria de esta anomalía.

La Contraloría General de Cuentas también debe colaborar con la investigación, y lograr identificar y sancionar a los funcionarios que violentaron las normas internas y manuales de procedimientos aplicables a los procesos administrativos de compras públicas, especialmente en la fase de ejecución del contrato denunciado.

Demandamos corregir las anomalías graves que continúan plagando la respuesta del Gobierno ante la pandemia. Es la única forma en la que el Gobierno podrá ofrecer confianza en la que escándalos como el presente en la adquisición pública de las pruebas, no se repetirán para las vacunas. Como acciones urgentes para avanzar en esta dirección, exigimos:

Al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas:

  • Investigación profunda, objetiva y contundente de las adquisiciones públicas en el sector salud durante la emergencia por Covid-19. Esta investigación debe alcanzar todas las actuaciones del proceso de adquisición pública de las pruebas detectadas como falsas, deduciendo a quienes resulten implicados las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, tanto a la empresa proveedora como a los servidores públicos implicados.
  • Auditoría externa de todo el Sistema de Información Epidemiológica durante la emergencia por Covid-19. Esta auditoría debe alcanzar todo el ciclo de datos para determinar la fiabilidad de los publicados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Al Presidente de la República:

  • Demostrar coherencia al cumplir su ofrecimiento de intolerancia a los actos de corrupción, separando inmediatamente de los cargos públicos a las personas que han sido directamente señaladas en la denuncia. En particular, destituir a Ronaldo Estrada Rivera del cargo de Viceministro del Deporte y la Recreación, del Ministro de Cultura y Deportes.

Al Congreso de la República:

  • Continuar realizando acciones de control y fiscalización sobre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y de conformidad con esta facultad constitucional contribuir a las investigaciones para esclarecer las falencias y posible corrupción en los procesos de adquisiciones públicas en salud, y los procesos de gestión y posible alteración de datos epidemiológicos.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:

  • Sancionar a la empresa proveedora de las pruebas falsas con toda la severidad que permita la legislación vigente.
  • Continuar denunciado a los empleados y funcionarios de la entidad que pudieron haber cometido delitos en la adquisición fraudulenta de pruebas, y prestar colaboración plena con las investigaciones.

Conscientes y en extremo alarmados e indignados por la pérdida de vidas a raíz de los actos de corrupción y abusos ocurridos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil suscritas hacemos un llamado a la ciudadanía y a otras organizaciones y sectores a sumarse a esta exigencia porque las investigaciones esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean llevados a los tribunales, juzgados y penalizados conforme a la ley.

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