justicia social
¿Cómo un gobierno puede construir un país más justo sin espacios para la participación ciudadana?
Cada 20 de febrero se conmemora el Día mundial de la justicia social y cada año me encantaría escribir cómo desde lo público se han impulsado políticas para construir una sociedad más justa, en la que todas las personas sin importar si su sexo, edad o lugar de residencia pueden gozar plenamente de sus derechos y gozar de las mismas oportunidades. Pero sigo sin poder escribir sobre ello, porque la injusticia social continúa definiéndonos como sociedad.
En El Salvador no deberíamos dejar pasar por alto la oportunidad de reflexionar sobre lo que nos falta por hacer para construir un país con justicia social.
¿Quién es Imelda? Es una joven mujer de 20 años, originaria de Jiquilisco, Usulután. Desde que era una niña de 12 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro; en 2016, producto de las continuadas violaciones, resultó embarazada; en abril de 2017, sufrió un parto extra hospitalario y actualmente se encuentra privada de libertad, acusada de homicidio en grado de tentativa en contra de su hija recién nacida.
«El papel del Estado y de la política fiscal explicado con carritos» se llama el video animado que Icefi ha producido con el objetivo de promover la discusión ciudadana sobre los impactos negativos de las políticas tradicionalmente implementadas en los países de Centroamérica. El material multimedia además busca fomentar el diálogo sobre propuestas para la construcción de Estados que sean garantes de los derechos de la población.
Recientemente se celebró por décima ocasión y a nivel mundial el día de la justicia social, momento para recordar que toda sociedad está llamada, por su propia cohesión y éxito, a distribuir entre todos sus miembros los frutos del progreso económico. Esto solo es posible si se garantiza la protección y cumplimiento de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, ambientales, culturales y sociales.
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de reafirmar la necesidad de construir sociedades en las que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, puedan beneficiarse del progreso económico y social.
