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Justicia social: abono insustituible para la democracia y el desarrollo

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de reafirmar la necesidad de construir sociedades en las que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, puedan beneficiarse del progreso económico y social. La justicia social implica el cumplimiento de todos los derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, lo que debe traducirse en modelos económicos, nacionales y mundial, basados en principios de justicia, equidad, inclusión y participación en los asuntos públicos.

En la actualidad, es fácil observar el sinnúmero de atropellos cometidos en contra de la justicia social y muchas veces en nombre de la liberalización y la eficiencia de los mercados y del crecimiento económico y la competitividad. La flexibilización laboral, el acceso limitado a la seguridad social, los salarios por debajo del mínimo vital, la discriminación racial y de género, la mercantilización del derecho a la educación, al agua, a la salud, a la justicia y la seguridad, entre otros, son rasgos de una sociedad injusta con pocas posibilidades futuras de desarrollo y gobernabilidad democrática.

Otro elemento relacionado con la poca justicia social, lo constituye la incapacidad de acuerdos sociales y políticos que allanen el camino para la puesta en práctica de una política fiscal sostenible y suficiente, basada en la búsqueda del bienestar general, por medio del cumplimiento de derechos y responsabilidades, la transparencia y la rendición de cuentas.  En contraposición al fortalecimiento fiscal de los Estados, las sociedades con mayor tolerancia a la injusticia practican la caridad como una forma individualista y tardía de solidaridad, que llega hasta cuando es inevitable y moralmente cuestionable no ser parte de los esfuerzos colectivos por el bienestar social.

Asimismo, los bienes públicos en las sociedades injustas se alejan de su espíritu universalista y dignificante, al convertirse en premios de consuelo para aquellos que no puedan acceder a servicios en el mercado, generando mayor inequidad y eliminando cualquier posibilidad de construir espacios para la cohesión social.

Al reflexionar y evaluar las condiciones de (in)justicia social de Centroamérica surge la necesidad de plantar nuevos derroteros. La gran mayoría de la población aspira a vivir colectivamente con mayor bienestar y certidumbre, concretar ese anhelo significará acordar un nuevo contrato social con tres pilares principales: el crecimiento económico sostenible, con regulación sobre la utilización de recursos naturales,  generación de empleo y distribución de la riqueza producida por medio de salarios justos; construcción de la igualdad, con la reivindicación y el rediseño de los bienes públicos para garantizar, promover y proteger los derechos de todas y todos; y la efectividad del Estado, para diseñar, planificar y lograr las metas de desarrollo, rendir cuentas a los ciudadanos, y dirimir legitima y democráticamente el conflicto entre el interés particular y la prevalencia del bien común.

Estos tres elementos deben estar cimentados sobre la base de una renovada política fiscal sujeta al poder de la democracia, con cuatro elementos imprescindibles. Primero, sobre el ingreso. Administraciones tributarias fortalecidas para luchar contra la evasión, al tiempo en que simplifican las gestiones de los contribuyentes. Asimismo, un sistema tributario más progresivo, con pocos o nulos privilegios fiscales y una mayor progresividad del Impuesto Sobre la Renta. Segundo, sobre el gasto público. Basarlo en el cumplimiento de metas de desarrollo, planificarlo y ejecutarlo con el fin de cerrar brechas entre grupos, regiones y género. Tercero, sobre la sostenibilidad y suficiencia. Utilizar estratégicamente la deuda pública y revisar periódicamente la convergencia entre ingresos y gastos para satisfacer el mandato del Estado. Cuarto, sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Modernizar y simplificar el acceso a la información fiscal y establecer mecanismos para una mejor rendición de cuentas. Luchar contra todas las formas de corrupción, modernizando el marco legal e institucional y generar espacios institucionalizados en los cuales pueda participar la ciudadanía para la deliberación de la política fiscal.

En este 20 de febrero, vale la pena reflexionar cómo la justicia social debe y puede convertirse en un objetivo en la sociedad centroamericana, en una puesta al centro de los ciudadanos y sus derechos y en una obligación colectiva que debe traducirse en una forma solidaria de relacionarnos para garantizar nuestros derechos y asumir nuestras obligaciones.

 

Pilares y bases para un acuerdo social sobre el desarrollo y la democracia

Fuente: Icefi.

 

Fuente: Icefi.