El foro «Alternativas para enfrentar la crisis fiscal» reunió el pasado 16 de junio a profesionales en economía, académicos y funcionarios gubernamentales, quienes conocieron y comentaron las propuestas de soluciones a la crisis fiscal que enfrenta El Salvador. En la actividad, convocada por el colegio de profesionales en Ciencias Económicas –COLPROCE-, en conjunto con el Centro para la Defensa del Consumidor, se presentó el diagnóstico y propuestas técnicas del Ministerio de Hacienda, al igual el análisis y recomendaciones del Icefi.

La perspectiva gubernamental fue dada a conocer por Nelson Fuentes, asesor técnico del despacho ministerial y director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda; quien dio a conocer las medidas de corto y mediano plazo para enfrentar la crisis, en materia de recaudación, manejo de deuda y reforma fiscal e institucional. El funcionario aseguró que las propuestas técnicas existen, pero la viabilidad política es el desafío más grande, y reconoció que las discusiones se ven vulneradas por intereses políticos y económicos. 

La intervención del Icefi estuvo a cargo del economista sénior para El Salvador, Ricardo Castaneda, quien presentó un análisis de la situación macroeconómica y fiscal del país, y apuntó el bajo crecimiento económico y la situación de pobreza monetaria que enfrenta el país (35%), misma que ha aumentado de forma sostenida en los últimos 3 años. Asimismo, abordó el preocupante aumento de la migración, en especial de la niñez y adolescencia, -grupo poblacional que a su vez sufre del poco acceso a la educación-. 

En materia de gasto público, Ricardo Castaneda remarcó que en los últimos 3 años se ha venido implementando un enfoque de austeridad, lo que ha provocado un descenso del gasto social del Gobierno Central, como porcentaje del PIB. Del 8.6% en 2015 cayó a 7.6% en 2017. Esto con una carga tributaria que ha crecido muy poco y no es suficiente -del 15% en 2015 subió a 15.5% en 2016. Y sin duda, uno de los aspectos más preocupantes es el saldo de la deuda pública y el efecto de inclusión de la deuda a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Al 2016, la deuda como porcentaje del PIB es de 47.1%, y al incluirse el FOP se eleva a 62.1%.

Finalmente, la situación fiscal presenta el desafío de contar con un nivel de gasto público suficiente, efectivo y transparente; a la vez de aumentar los ingresos con sentido de progresividad y fortalecer la administración tributaria para luchar contra todo tipo de delincuencia fiscal; lo que permitiría contar con niveles de deuda sostenible. En ese sentido, Castaneda afirmó que la crisis fiscal es una oportunidad para impulsar una reforma fiscal integral. Y que esta debe ir más allá de los objetivos tradicionales de la política fiscal, con un enfoque sistémico que incluya: ingresos, gasto público, transparencia, equidad y justicia fiscal, institucionalidad democrática, entre otros. Además, aseguró que los actores participantes son un aspecto importante. Por lo tanto, se debe impulsar un proceso participativo, con visión del Estado y una orientación estratégica hacia los objetivos e instrumentos de la política fiscal; y en el que existan procesos de verificación y cumplimiento.

Los comentarios a las presentaciones estuvieron a cargo del presidente del COLPROCE, Alfonso Goitia, y de Francisco Lazo, asesor del Ministerio de Economía, quienes coincidieron en que la crisis fiscal es un problema estructural, y que alcanzar acuerdos políticos es uno de los desafíos más importantes para los actores responsables. Por su parte, el Icefi seguirá también insistiendo en la necesidad de estos acuerdos, y enfatizando su propuesta de una reforma que permita una política fiscal que sea justa y promueva el desarrollo del país.