Costa Rica es reconocida internacionalmente como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica y como una de las naciones con más alto nivel de desarrollo social, el que ha descansado históricamente en la construcción de un modelo de bienestar basado en una fuerte participación de la administración pública en la economía del país.

En los últimos años, este modelo se ha visto en riesgo como consecuencia de la inestabilidad fiscal manifestada en un creciente aumento del saldo de la deuda pública y altos niveles de déficit fiscal, asociados a un bajo esfuerzo tributario y crecientes volúmenes de gasto público. Para tratar de revertir el proceso, el Gobierno saliente encabezado por el presidente Carlos Alvarado, implementó un plan de ajuste fiscal basado principalmente en la aprobación de una limitada reforma tributaria en 2018, la adopción de una estrategia de control de gasto que encuentra su máxima expresión en la recién aprobada Ley Marco del Empleo Público y un esfuerzo por renegociar la deuda pública a fin de reducir la tasa de interés aplicable; todo esto en medio de la suscripción de un convenio con el Fondo Monetario Internacional.

El esfuerzo del Gobierno anterior logró reducir la velocidad de crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública. Sin embargo, el gasto público dedicado a la atención de las necesidades sociales ha sido afectado, lo que pone en riesgo el bienestar de la población en el largo plazo. De esa cuenta, el documento presenta una revisión a las condiciones económicas y fiscales que enfrenta el recién estrenado Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, con el propósito de contribuir a la discusión de las alternativas que permitan alcanzar unas finanzas públicas sanas y sostenibles, sin poner en riesgo los logros del desarrollo de la sociedad costarricense.