La ciudadanía mantiene la esperanza de que los gobiernos que comienzan a ejercer funciones puedan revertir y desmantelar prácticas nocivas de gestiones gubernamentales previas, en particular si fueron proclives a la opacidad, corrupción y manejo indebido de los recursos públicos, en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. El Gobierno de Xiomara Castro, que inició a finales de enero de 2022, cuenta con la oportunidad de adoptar medidas y decisiones que favorezcan tanto la transparencia y calidad del gasto público, como los resultados en la prestación de bienes y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la población hondureña.

 

Para el efecto, cuenta con un conjunto sólido de estándares internacionales que han sido establecidos en las últimas décadas, que están complementados además por una serie de mediciones, evaluaciones e iniciativas útiles para que las autoridades comprendan la importancia de que la política fiscal sea transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas, y que las personas tienen derecho a la información fiscal. Lograr este objetivo no resulta fácil ni sencillo, y requiere de voluntad política y técnica para lograr cambios efectivos en las prácticas y tradiciones organizacionales.

 

Con esa idea, este documento describe la importancia que debe ocupar la transparencia fiscal en la actualidad en los Estados, identifica los principales referentes o estándares internacionales que se han configurado para favorecer la gestión transparente de las finanzas públicas, repasa la situación de Honduras en mediciones generales y evaluaciones especializadas sobre corrupción y transparencia, identifica áreas temáticas que se deberían atender en los próximos años, y presenta algunas recomendaciones que pueden ser implementadas por las autoridades, particularmente la Secretaría de Finanzas, que permitan construir una agenda o una hoja de ruta creíble en materia de transparencia fiscal.