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Ante las crisis: políticas públicas

Poco a poco el optimismo con el que iniciamos el año se va desvaneciendo, 2021 está demostrando ser un año en el que debemos enfrentarnos a los impactos de diferentes crisis.


En materia sanitaria, continuamos en medio de una pandemia, con altos niveles de contagio y medidas de prevención cada vez más laxas. En el ámbito económico, la economía no se recupera, los empleos tampoco y muchos hogares ven vulnerados sus ingresos. En materia climática, seguimos enfrentándonos a eventos extremos: tormentas, huracanes y sequías. También tenemos una crisis de cuidado, en la que en ausencia de un sistema de protección social, la generación de bienestar recae sobre los hogares,  y especialmente, en las mujeres. Y por si fuera poco, enfrentamos una crisis política, en el que la democracia es subvalorada y prácticas políticas de tinte autoritario son toleradas por la sociedad.

Estas crisis, individual y conjuntamente, representan una amenaza de gran magnitud a los derechos de las personas, sus impactos se traducirán en más personas en situación de pobreza o en situación de inseguridad alimentaria, una profundización de las desigualdades, mayores niveles de inseguridad y violencia, y desde luego, un incremento en la migración.

La convergencia de estas crisis no es algo de extrañar, después de todo, por décadas se han venido construyendo las condiciones para su existencia, empezando por dejar en manos del mercado el cumplimiento los derechos de las personas, y quitando al Estado aquellas herramientas que le permitirían cumplir con el mandato de garantizarlos. Enfrentar las diferentes crisis es un desafío muy complejo que requiere resolver sus causas estructurales, por lo que su solución va más allá de actos aislados de caridad o filantropía y requiere de políticas públicas, es decir de una respuesta articulada por parte del Estado y sus instituciones; una respuesta que sea definida en planes concretos  y que se vea reflejada explícitamente en objetivos, acciones, resultados y financiamiento.

Y ese justamente, es uno de los grandes retos del Gobierno actual. Tras casi dos años en el poder, y más allá de los spots, discursos y propaganda, no se conocen cuáles son sus prioridades y apuestas de política pública. Lo cual es muy delicado, ya que después de todo, diseñar e implementar políticas públicas es una tarea fundamental de cualquier gobierno, ya que estas son las herramientas, que con objetivos claros, se convierten en acciones concretas y articuladas que permiten dar respuesta a problemas específicos de la sociedad.  Y aunque los personeros de la presente administración afirman en redes sociales que se cuenta con un plan de gobierno o un plan de desarrollo, la verdad es que, si esto existe, a la fecha no es de conocimiento público. Lo mismo sucede con planes y políticas sectoriales, que incluso se han declarado como información reservada.

Es evidente que el Ejecutivo goza de la confianza de gran parte de la ciudadanía, lo cual le permitió al partido oficialista ganar las pasadas elecciones legislativas y municipales. Pero ganar elecciones es solo el principio. La población ya depositó su confianza. Es hora de  dar respuesta al complejo contexto que enfrenta el país. Y eso solo será posible mediante la implementación de políticas públicas.

Lamentablemente, la historia de nuestro país nos ha demostrado que hasta las administraciones con altos niveles de aprobación y popularidad entre la población, caen en la trampa del poder y a la hora de gobernar se olvidan de implementar políticas públicas que permitan asegurar el bienestar de las grandes mayorías. Por lo que ante un contexto tan complejo y desafiante se vuelve indispensable una ciudadanía informada, crítica, que exija a las autoridades planes y políticas públicas concretas para enfrentar las diferentes crisis. Una ciudadanía consciente que las políticas públicas no son actos de caridad o un regalo del Ejecutivo, sino el  cumplimiento del mandato estatal de garantizar los derechos de las personas, un mandato que, además, es financiado con sus impuestos, por lo tanto es un derecho legítimo de exigir su cumplimiento.

 

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí