La discusión sobre la necesidad de una reforma al sistema de pensiones está nuevamente sobre la mesa. Ha vuelto a salir a la luz sin mayores cambios que como fue dejada el año pasado. Sin embargo, este retorno fue producido por el fatal e incendiario campo pagado que apareció en algunos periódicos del país. Dicho titular de primera plana, en lugar de abonar a la discusión simplemente es una muestra más de la campaña de desinformación, promovida por aquellos que realmente se verían afectados –la élite empresarial y financiera-. Siendo este un intento más de proteger sus intereses particulares y de evitar que en el país se generen cambios para el beneficio de las mayorías.

Es de aplaudir las reacciones de muchos, quienes ya no se dejan llevar por este tipo de artimañas y reaccionan en contrapropuesta. Uno de los comentarios circulados que más llamó mi atención fue: “el robo comenzó hace mucho, desde el momento de la privatización”. A este le añado que posiblemente comenzó mucho antes, desde el mal manejo de los fondos por parte de la administración de turno, desde inicios de la década de los noventa; quienes encontraron en dicha negligencia la excusa de la insostenibilidad para realizar la privatización y beneficiarse a sí mismos.

El proceso de reforma, del cual derivó la privatización del sistema de pensiones, estuvo viciado desde su concepción. Eliminó la opción de elegir un sistema público, y junto a esto se suprimieron los flujos de ingresos que hicieran sostenible las pensiones para los que decidieran quedarse. A su vez, imposibilitó el aumento de cobertura y permitió un duopolio que genera ganancias extraordinarias a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) existentes. Todo esto ha venido acompañado de una carga de endeudamiento público, producido con premeditación y alevosía de parte de los defensores del libre mercado.

Ahora bien, lo sucedido desemboca en dos problemas fundamentales. El primero de carácter fiscal. Dada la falta de flujos de ingresos para continuar pagando las pensiones del antiguo sistema, ha sido necesario el endeudamiento público. A diciembre de 2015 la deuda relacionada acumuló USD3,478.7 millones (13.4% del PIB), presionando las finanzas públicas y poniéndole un candado a su capacidad de maniobra.

El segundo problema –del que poco se habla- es el impacto social. Dadas las características del sistema actual y de las condiciones del mercado laboral, el sistema de pensiones no genera recursos suficientes para asegurar un ingreso que permita afrontar el período de vejez de manera digna. Además este sistema excluye a la población que encuentra su sustento en el trabajo independiente, agrícola y doméstico; que en su mayoría es la población más vulnerable del país.

La actual propuesta de reforma no es de carácter integral, dado que busca aliviar solo el primer problema mencionado. Aunque atender el problema fiscal es positivo, debemos tener una discusión más integral acerca del sistema de seguridad social que queremos: ¿Uno donde cada quien se salva como puede? o ¿Uno donde lo colectivo premie sobre lo individual? Para este último se necesitan medidas como las planteadas por Mesa-Lago consultor de Fundaungo, entre las que se incluyen: el retorno a mecanismos solidarios, incentivos a los sectores actualmente excluidos, la entrada en igualdad de condiciones de una entidad estatal como alternativa a las privadas, programas de asistencia social focalizados para pilares no contributivos en situación de pobreza, entre otros. 

Dada la actual polarización del país, dentro de la discusión debe de incluirse la mayor cantidad de sectores representativos, y posiblemente terceros que busquen mediar. Lo que sí es cierto es que de la forma en que se haga, deben lograrse consensos, o de lo contrario a la desprotección le seguirá una crisis social que se apoderará del país tarde o temprano.

Esta columna fue publicada el 11 de febrero de 2016 en diario El Mundo de El Salvador