Cada inicio de año suele caracterizarse por sentimientos esperanzadores y buenos deseos.

En función de nuestras aspiraciones y expectativas para el año recién iniciado solemos definir propósitos personales, familiares y profesionales. Este ejercicio también lo podríamos hacer a nivel nacional: definir aquellos aspectos en los que la sociedad y el Estado salvadoreño deberían trabajar para construir un mejor país.

Uno de los primeros propósitos que debiéramos tener este año es conmemorar los Acuerdos de Paz, con ello no me refiero a realizar actos protocolarios o cadenas nacionales para despilfarrar recursos públicos. Hace 30 años los Acuerdos de paz permitieron poner fin a una guerra que causó más de 75,000 muertes, miles de personas desaparecidas, desplazamientos forzados y migraciones. Aunque el presidente Bukele públicamente los ha despreciado, los Acuerdos fueron fruto de un proceso de diálogo y negociación que permitió sentar las bases para una sociedad democrática, en la que las personas no fueran perseguidas por sus afinidades políticas y donde los desacuerdos políticos no fueran motivo para la represión, bien haríamos en proponernos retomar esas prácticas en la vida política salvadoreña.  Hace 30 años también se redefinió el mandato de las fuerzas armadas, limitando su ámbito de acción a la defensa nacional; este año deberíamos aprovechar para reevaluar su rol en nuestra sociedad, particularmente en las tareas de seguridad ciudadana y en la garantía de justicia transicional, de paso también podríamos ahorrarnos algunos millones de dólares del presupuesto público que se destinan a esta institución.

Otro de los propósitos nacionales que deberían marcar este 2022 es la cero tolerancia a la corrupción. El desencanto ciudadano con los partidos políticos tradicionales se explica en gran parte porque independientemente del color de la bandera, la utilización del aparato estatal para beneficios particulares ha estado presente en todas las administraciones. Lamentablemente esas prácticas persisten con los nuevos colores partidarios. Y como en el pasado, la corrupción se sigue defendiendo y en lugar de cuestionar al corrupto, se ataca a quien lo señala. Vinculado al propósito anterior, este año también deberíamos proponernos apoyar a la prensa y medios independientes que con sus investigaciones han permitido a la ciudadanía conocer múltiples actos de corrupción de funcionarios públicos. Ningún gobierno se puede considerar democrático si ataca, persigue o criminaliza a la prensa.

En 2022 no podemos dejar de lado la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales.  Gobierno tras gobierno han dejado de lado este tema, priorizando la implementación de grandes proyectos de infraestructura o habitacionales ante la sostenibilidad ambiental; los intereses sectoriales incluso se blindan con leyes que con nombres “verdes” en realidad blindan la explotación insostenible de nuestros recursos. Toca exigir a las autoridades del Legislativo y Ejecutivo un compromiso real con la garantía del derecho a un medio ambiente sano.

Finalmente, aunque es probable que este sea un propósito demasiado ambicioso, no puedo dejar de mencionar el hecho de que en 2022 deberíamos transformar nuestra política fiscal. La insostenibilidad de la deuda pública y las dificultades para acceder a nuevo financiamiento serán más evidente este año, como consecuencia el gobierno enfrentará más problemas de liquidez lo que a su vez supone una amenaza al propio funcionamiento del aparato estatal. Pero los retos fiscales también incluyen la insuficiencia de la recaudación y del presupuesto público para hacer frente a los incrementos de la pobreza y la desigualdad y  la garantía de los derechos humanos fundamentales. La transformación de la política fiscal salvadoreña requerirá que empecemos a construir un acuerdo fiscal integral que nos permita recaudar más impuestos con sentido de progresividad y justicia fiscal; contar con un presupuesto público suficiente que se ejecute con transparencia y eficiencia; y, reestructurar la deuda pública para buscar su sostenibilidad.

Quizás, como sucede a nivel personal, lo fácil es hacer la lista de propósitos; lo difícil, actuar con congruencia para lograrlos. Por ello, desde nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas este año debamos estar presentes tanto en la protesta como en la propuesta, para empezar a construir un país en el que todas las personas podamos gozar nuestros derechos.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.