El 23 de marzo la realidad económica no cambió, lo que sucedió fue que el Banco Central de Reserva nos dio unos lentes de mejor calidad para verla con mayor claridad. Al ponérnoslos pudimos apreciar que el abandono de la agricultura fue más grande de lo que pensamos, y que la importancia de los servicios es más abultada, porque quienes definieron las políticas públicas desde los noventa así les interesaba —transitar de una élite cafetalera a una élite financiera—; la innovación, la industrialización y la generación de bienes de alto valor agregado en este país se encuentran sepultados  juntos con la torpeza de eliminar de tajo la política monetaria. El resultado: una economía más pequeña. Una confirmación: el modelo neoliberal en El Salvador fracasó.

Además, estos nuevos lentes nos permiten apreciar cosas que antes solo intuíamos: al repartir el pastel de la producción, las tajadas han sido más pequeña para los trabajadores, a través de los sueldos y salarios, pasando del 38.9 al 37.7% del PIB entre 2005 y 2017; mientras que las tajadas que se quedan las empresas, por medio de las ganancias, han incrementado del 36.5 al 39% del PIB en ese mismo periodo de tiempo.

Uno de los principales intereses de usar estas nuevas gafas era saber cómo se miraba la situación fiscal del país. Los montos de impuestos, deuda y gasto público en millones de dólares siguen siendo los mismos; pero al compararlos con el tamaño de la economía que ahora es más pequeña, resulta que las ratios son más grandes. Me voy a concentrar en los impuestos. Para 2016, por cada USD100 que se produjeron en el país USD17.4 fueron al Estado en concepto de tributos, es decir la carga tributaria de El Salvador fue de 17.4% del PIB. ¿Se pagan muchos impuestos en El Salvador? Con base en los datos de OCDE, CIAT, Cepal y BID, la carga tributaria, sin incluir seguridad social, está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (19.1% del PIB) y el de los países miembros de la OCDE que, para ese año, fue del 24.9% del PIB.

Esto se vuelve relevante en un escenario de precampaña presidencial; dónde precandidatos de diversos partidos políticos han enunciado ligerezas: ¡hay que reducir los impuestos! ¡Los impuestos frenan la inversión! ¡Las empresas pagan muchos impuestos! Bien harían quienes aspiran a ser jefes de Estado evitar los exabruptos e informarse adecuadamente. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda con base en las declaraciones del ISR, en 2015 la tasa efectiva para personas naturales asalariadas era del 10.8%; para las personas con rentas diversas, del 4.0%, mientras que para las empresas era del 2.5%.

Adicionalmente, un estudio sobre participación contributiva desarrollado por el Programa de Política Fiscal y Reformas Administrativas (TPAR), financiado por USAID, concluye que al considerar la recaudación total (ISR e IVA), la clase trabajadora aporta con el 66.9% del total, mientras la gran empresa participa con el 14.8%.

Por eso a la pregunta de si pagamos muchos impuestos, habría que agregar, quiénes lo pagan y más importante, ¿son justos y suficientes para aspirar a vivir en un país democrático y desarrollado? Ofrecer reducir los impuestos sería una medida demagógica, sobre todo cuando los recursos que se destinan al gasto social, la seguridad alimentaria, la  adaptación frente al cambio climático y la infraestructura económica y social, entre otros, son insuficientes para impulsar el desarrollo, especialmente cuando el presupuesto público no está vinculado con una planificación de largo plazo y no existen mecanismos de evaluación sobre su eficiencia y efectividad. Lo que deberíamos preguntarnos cómo sociedad, incluyendo a los precandidatos presidenciales, es qué costo preferimos asumir: ¿el costo de una educación pública de calidad y universal o el costo de la ignorancia? ¿El costo de la salud pública o el costo de la enfermedad? ¿El costo de la seguridad o el costo de la violencia? ¿El costo del desarrollo o el costo de la miseria? 

Esta columna fue publicada originalmente el 19 de abril de 2018 en el diario El Mundo de El Salvador