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Comunicados

Guatemala: Icefi presenta el estudio de la desnutrición infantil en Guatemala, una tragedia que el debate político no debe evadir

     

Icefi: la desnutrición infantil en Guatemala es una tragedia que el debate político no debe evadir

 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), presentó el estudio Desnutrición crónica infantil en Guatemala: una tragedia que el debate político no debe evadir, elaborado con el apoyo de Oxfam y la Embajada de Suecia en Guatemala. El objetivo del estudio es poder ofrecer a los partidos políticos un insumo práctico y con sustento técnico sólido para el debate y la discusión entre los dos finalistas de la elección presidencial y los 160 ciudadanos que integrarán la IX Legislatura a instalarse en enero de 2020. Los partidos políticos deben, entre otras medidas, concretar una política fiscal apropiada para mitigar este flagelo.

El estudio contiene un diagnóstico breve de la desnutrición crónica infantil en Guatemala, cuyos datos confirman que esta continúa siendo un problema gravísimo. Según los datos de las Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil, en términos generales y a nivel nacional, la incidencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años disminuyó de 49.8% en 2008/2009 a 46.5% en 2014/2015, mientras que la incidencia de la desnutrición crónica severa de 21.2% en 2008/2009 a 16.6% en 2014/2015. Tomando en cuenta experiencias internacionales, el Instituto considera que este ritmo de disminución es demasiado lento. Si la tasa de prevalencia se ha mantenido sin cambios desde la última medición, entonces en 2019 hay cerca de 890,000 los niños y niñas menores de 5 años padeciendo desnutrición crónica en Guatemala.  El Icefi citó un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) para el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que estima que al ritmo actual se necesitarían hasta 90 años para alcanzar la tasa de desnutrición crónica infantil de 14% que tuvo El Salvador en 2014.[1] Además, se refirió al estudio recientemente elaborado por Oxfam en Guatemala[2] en el que se advierte que la incidencia de la desnutrición crónica infantil aumentó 6.7% en siete municipios del Corredor Seco. El estudio del Icefi muestra además cómo la desigualdad agrava la tragedia: más niñas y niños del área rural sufren desnutrición infantil que en el área urbana; los niños y niñas con madres que no han recibido o que han recibido menos educación, son los que más sufren desnutrición; y desde el punto de vista de la desigualdad en la distribución de la riqueza, las poblaciones más pobres padecen más desnutrición infantil.

Al analizar las acciones del Gobierno de Guatemala durante los últimos 15 años, se concluye que estas han sido insuficientes. Para el Gobierno el Gasto Público en Seguridad Alimentaria y Nutricional (GPSAN) no ha sido prioridad, ya que cayó de su máximo histórico en 2010 de 1.78% del PIB al 0.94% en 2016. Esta caída se revirtió en 2017 al situarse en 1.05% del PIB, y 1.17% en 2018. En 2019 el presupuesto vigente del GPSAN es de 1.49% del PIB, pero la ineficiencia y dificultad del Gobierno para ejecutar el presupuesto apuntan a un nivel menor.

El estudio detalla que no sólo el Ejecutivo ha demostrado falta de interés y prioridad. La aprobación de la Ley de Alimentación Escolar,en septiembre de 2017, y del préstamo del Banco Mundial para el programa Crecer Sano, en febrero de 2019, las últimas dos acciones legislativas con impactos directos o indirectos a favor de la lucha contra la desnutrición, demoraron años en lograr los consensos en el Congreso de la República. El Icefi advirtió que estos dos logros legislativos, resultado de arduos esfuerzos y presión social de sectores diversos y sendas campañas mediáticas, constituyen medidas necesarias y se espera que tengan impactos positivos, pero son insuficientes para considerarlas soluciones integrales que puedan asestarle un golpe definitivo a la desnutrición infantil en Guatemala.

Debido a que el financiamiento del GPSAN depende en buena medida de la recaudación de impuestos, la caída de la carga tributaria[3] está golpeando sus posibilidades de crecimiento. Así, el préstamo del Banco Mundial para el programa Creciendo Bien constituye un apoyo complementario en términos financieros y, desde su concepción, fue comprendido como un soporte a los esfuerzos en marcha, y no como una solución integral y definitiva a la desnutrición infantil. Además, preocupa la capacidad del Gobierno para ejecutar de manera eficaz y transparente estos recursos, ya que tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como el Ministerio de Desarrollo Social muestran niveles bajos de ejecución presupuestaria en programas clave para la lucha contra la desnutrición infantil: tanto Oxfam como el Instituto Nacional de Salud Pública de México han evaluado como inefectiva la Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica del Gobierno del presidente Jimmy Morales.

El estudio del Icefi concluye que aunque hay un alto grado de consenso en el discurso sobre la gravedad del problema, las acciones y esfuerzos realizados no han logrado un avance significativo hacia una solución integral y definitiva. Por otro lado, resulta desalentador que en su análisis de las 12 propuestas de planes de gobierno presentadas a la ciudadanía para las elecciones generales del 16 de junio de 2019, el Icefi encontró que 11 incluyeron propuestas de medidas contra la desnutrición infantil, pero prácticamente ninguno las sustentó técnicamente fijando metas, estimando costos fiscales e identificando fuentes de financiamiento para su implementación, con lo cual resultan poco creíbles, y en muchos casos, peligrosamente cercanas a la demagogia.

Finalmente, el estudio del Icefi incluye un pliego de catorce propuestas (véase el anexo) para la discusión sobre seguridad alimentaria y nutricional, y la lucha contra la desnutrición infantil en Guatemala. El Instituto espera que estas propuestas constituyan insumos para la discusión y debate previo al balotaje de la elección presidencial, durante el período de transición y la preparación de las diputadas y diputados electos. El Icefi reitera que la desnutrición infantil es una tragedia que no puede pasar inadvertida por los partidos políticos, quienes deben concretar, entre otras medidas, una política fiscal apropiada para su mitigación.

Guatemala, Centroamérica, 4 de julio de 2019.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org.

Anexo

Propuestas del Icefi para la discusión sobre seguridad alimentaria y nutricional, y la lucha contra la desnutrición infantil en Guatemala

 

  1. Adoptar como directriz el numeral 31 de la Observación General Número 19 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez. En particular, asumir como política que en tiempos de crisis debe evitarse tomar medidas fiscales regresivas que afecten a la niñez, y si son inevitables, adoptar medidas compensatorias o de alivio de los impactos negativos.
  2. Rechazar la manipulación demagógica o clientelar de la lucha contra la desnutrición infantil.
  3. En el Congreso, apoyo al Frente Parlamentario Contra el Hambre y a la Comisión Ordinaria de Seguridad Alimentaria.
  4. Una vez electos Presidente y Vicepresidente, preparar y publicar cuanto antes una propuesta específica en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y lucha contra la desnutrición infantil, y discutirla con sociedad civil, academia y centros de investigación, con la participación de designados para ministerios y secretarías relevantes.
  5. En el presupuesto 2020 y siguientes, elevar el monto, calidad, transparencia, efectividad y eficiencia del GPSAN, fijando las metas siguientes: 
    1. Por lo menos alcanzar y superar en 2020 el máximo histórico de 2010 de 1.78% del PIB.
    2. Diseñar e implementar un plan urgente para corregir las deficiencias administrativas y problemas de corrupción.
    3. Elevar la capacidad de ejecución presupuestaria del programa de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 
  6. Estabilizar e incrementar el financiamiento del Gasto Público en Seguridad Alimentaria y Nutricional (GPSAN) frenando y revirtiendo la caída de la carga tributaria, con énfasis en el rescate de la Superintendencia de Administración Tributaria y complementar con crédito público.
  7. El Gobierno debe adoptar una visión que asuma la alimentación adecuada, la salud y la educación, como derechos fundamentales, fijando como metas en el corto plazo su universalización: ningún niño o niña debe carecer de alimentos adecuados, salud y educación.
  8. Diseñar e implementar un programa económico integral con efectos directos e indirectos a favor de la lucha contra la desnutrición infantil, incluyendo, entre otros subprogramas, la ampliación de servicios de agua y saneamiento ambiental, la mejora de vivienda mínima, la extensión de caminos rurales y mejora de riego productivo para aumentar la producción de alimentos, todos con efectos positivos sobre el empleo y el bienestar social.
  9. Con prioridad, revisar, fortalecer y, si es el caso, recuperar la institucionalidad estatal de SAN y lucha contra la desnutrición infantil, evitando duplicación de funciones, la competencia entre entidades y la politización.
  10. Revisar los mandatos, facultades y responsabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, del Ministerio de Desarrollo social (Mides), del MSPAS, del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, entre otras. Este ejercicio deberá considerar con énfasis y atención especial para el Mides:
    1. Reconocer la protección social como un derecho que el Estado debe garantizar, y establecer una evaluación periódica de la gestión y los resultados de los programas de protección social vigentes.
    2. En el corto plazo, revisar el objetivo y las brechas que el programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) debe cubrir (pobreza extrema o alimentaria de sobrevivencia).
    3. Priorizar en el PTMC aquellos hogares con menores de cinco años, con mayor probabilidad de padecer desnutrición.
    4. Garantizar la entrega puntual de las transferencias monetarias a los beneficiarios.
  11. El Mineduc debe aplicar plenamente la Ley de Alimentación Escolar.
  12. Fortalecer los programas del MSPAS y el diseño e implementación de programas y actividades adicionales a los existentes, incluyendo: 
    1. Micronutrientes, universalizando la cobertura para la niñez de 6 meses a 5 años y mujeres en estado de gestación.
    2. Alimentación complementaria, con la dotación de 4 libras mensuales de harina fortificada a hogares con niños y niñas de 6 a 24 meses con desnutrición crónica. La meta debiese ser garantizar la provisión de la harina fortificada para los 40,000 hogares con niños y niñas que padecen desnutrición aguda.
    3. Monitoreo nutricional (peso/talla) según norma del MSPAS y garantizar personal para consejería a hogares sobre prácticas de cuidado, estimulación temprana y hábitos higiénicos saludables.
    4. Promoción y prevención de la salud por medio de la ampliación de calidad y cobertura del primer nivel de atención en salud, con el cierre de brechas para fortalecer la prevención y promoción de la salud.
    5. Inmunizaciones, con la universalización de la vacunación, según edad y esquema vigente.
  13. Ampliar la cobertura del primer nivel de atención en salud, siguiendo el enfoque de Red de Atención en Salud Institucional (Rasi) propuesto por el Instituto de Salud Incluyente (Isis).
  14. En materia ambiental, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Instituto Nacional de Fomento Municipal y las Municipalidades deben fortalecer sus acciones en:
    1. Provisión de agua potable, universalizando el acceso.
    2. Drenajes, universalizando el acceso.
    3. Manejo de desechos sólidos, con al menos un basurero adecuado por municipio, readecuación de basureros y estudios de impacto ambiental.



[1] Informe de Consultoría de Asíes para el PMA intitulado Revisión estratégica de la situación de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, con énfasis en la desnutrición crónica y sus determinantes. Véase la página 58 en https://bit.ly/2XLwPGT.

[2] Informe de Oxfam Guatemala intitulado Las intermitencias del hambre: Tendencias de la Desnutrición Crónica y Aguda en el Corredor Seco de Guatemala, disponible en: https://bit.ly/2JnmzLJ

[3] Las estimaciones del Icefi y del Gobierno es que en 2019 la carga tributaria estaría cerrando en torno al 9.7%, y en un escenario sin reforma tributaria, esta caería a alrededor del 9.6% en 2020. Esto constituye un retroceso de 20 años en la principal fuente de financiamiento del presupuesto público.