GT-003-2015. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), presentó su diagnóstico sobre la situación de las finanzas públicas. En su análisis, el Instituto consideró que desde 2012 las finanzas públicas se han politizado de forma excesiva, lo que podría agudizarse en este año electoral. A juicio del Icefi, esta prevalencia de intereses políticos por encima de criterios técnicos ha propiciado desorden en las finanzas públicas y “agujeros” en el financiamiento del gasto público. 

El Icefi explicó que las cifras oficiales muestran que el gasto público de Guatemala está prácticamente estancado en torno al 14% del PIB y expresó que el mismo continúa siendo insuficiente para cerrar las brechas de exclusión y cumplir con los compromisos de gobierno asumidos frente al electorado. Asimismo, expresó alarma sobre el peso que ejercerán sobre el gasto público los pactos colectivos de trabajo aprobados sin sustento financiero y porque en el presupuesto multianual del Gobierno se prevé que en 2016 y 2017 podrían ocurrir recortes al gasto social.

El Instituto alertó que esta escasez del gasto público podría repercutir de forma negativa en la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA), que para 2015 se sitúa en Q6.48 diarios, por cada niño, niña y adolescente. El Instituto advirtió que la IPNA no muestra un crecimiento como porcentaje del PIB ―quedando estática en torno al 3.7% del PIB―, y que se incrementa el sesgo pro adulto en el gasto público. En ese sentido, el Icefi demandó que la IPNA sea una prioridad en el presupuesto. En la actualidad, las cifras oficiales evidencian un débil avance o retrocesos en las metas de matriculación  de estudiantes, mientras más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera del sistema educativo. También consideró alarmante la baja cobertura en la provisión de micronutrientes, resultado del estructural problema de acceso a servicios de salud, y criticó la falta de prioridad de la inversión en la niñez y la adolescencia en ministerios clave, como agricultura y desarrollo social.

En cuanto a los ingresos, el Icefi evidenció que en 2015 también se enfrentará un “agujero fiscal”. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el faltante de ingresos asciende ya a alrededor de Q 1,500 millones, conformados por: Q 700 millones presupuestados como ingresos adicionales por “eficiencia” de la SAT, los que el Icefi estima no se recaudarán debido a la crisis institucional por la que atraviesa la administración tributaria; Q 380 millones correspondientes al incremento en las regalías mineras, ya que por error se presupuestaron en 2015, cuando la Ley de Minería establece que se cobran por año vencido, es decir, hasta 2016; y, más de Q 400 millones en el impuesto de telefonía, luego que los operadores devolvieran 6 millones de líneas a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Según el Icefi, si la Corte de Constitucionalidad sentencia la inconstitucionalidad definitiva del impuesto de telefonía, el agujero fiscal en 2015 sería de alrededor de Q 2,400 millones (0.5% del PIB).

La existencia de un agujero fiscal en 2015 obligará a las autoridades a reducir el gasto o a buscar fuentes alternativas de ingresos, principalmente aumentos tributarios o de la deuda pública. Para prevenir una nueva crisis financiera en el segundo semestre de 2015, el Icefi le recomendó al Gobierno: recuperar su legitimidad demostrando resultados reales en transparencia y combate a la corrupción; suprimir la asignación anómala de Q 1,965 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y transferir ese espacio presupuestario para restituir el faltante para el servicio de la deuda pública y otros recortes injustificados; reconocer el agujero fiscal y ajustar las previsiones presupuestarias de ingresos tributarios; publicar las metas mensuales y plan de fiscalización de la SAT; que el Ministerio de Educación explique públicamente si el presupuesto vigente es suficiente para cubrir el aumento salarial contenido en el pacto colectivo con el magisterio; fortalecer la gestión por resultados y evitar cualquier iniciativa que promueva privilegios fiscales.

Finalmente, en el marco del año electoral, Unicef y el Icefi demandaron prioridad a la inversión pública en niñez y adolescencia. Llamaron a evaluar la oferta electoral poniendo atención especial a la importancia y prioridad que esta inversión tendrá en las propuestas de planes de gobierno que se espera presenten los partidos políticos y sus candidatos.

Guatemala, Centroamérica, 27 de enero de 2015.