El pasado 17 de octubre, se realizó el conversatorio «Universidad y Neoliberalismo», como parte de la cátedra Karl Marx y en el marco de las actividades que la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en conjunto con la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) y la Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología y Archivística (AEHAAA), ha llevado a cabo para conmemorar los cien años de la Reforma de Córdoba.

El conversatorio fue moderado por Diego Armira, secretario de asuntos de reforma universitaria de la AEU, y en el mismo participaron, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, y Jonathan Menkos Zeissig, director ejecutivo del Icefi, quien hizo un análisis sobre el presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

En su disertación, Menkos indicó que el presupuesto de la USAC tiene dos significativos problemas. Primero, la imprecisión en el cálculo de la asignación constitucional, fenómeno que no ha terminado de ser aclarado a pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad instando al Ministerio de Finanzas Pública a transparentar la forma en la que se calculan tanto Disponibilidades propias del gobierno como los Ingresos ordinarios. Ambas variables afectan el cálculo de la asignación constitucional para esta universidad. En ese sentido, Menkos refirió que en términos del PIB, la asignación constitucional para la USAC mantiene una tendencia a la reducción, habiendo pasado de representar 0.3% del PIB en 2015, a 0.26% del PIB en 2018. En la presentación se mostró cómo esta reducción está afectando la matriculación de estudiantes y la misión de la USAC.

El segundo elemento que afecta estructuralmente la cuantía de recursos públicos destinados a la USAC es la continuada tendencia política de debilitar la política fiscal, muy notoria al observar una carga tributaria que ha pasado de 12.1% (2007) a 9.8% (esperado en 2018) ―como resultado de una disminución de la productividad de los impuestos (mayor evasión y elusión) y de más privilegios fiscales―, en contraste con el aumento de gastos que reducen los ingresos ordinarios, base de cálculo para la asignación constitucional para la USAC.

Menkos agregó que la reducción, en términos reales, de la asignación constitucional para este ente, está obligando a las autoridades universitarias a enfrentar anualmente negociaciones con los organismos Ejecutivo y Legislativo para conseguir recursos extraordinarios, espacio que está siendo utilizado por quienes dirigen estos organismos para limitar la autonomía universitaria y coaccionar. En la discusión sobre el presupuesto de gastos de la USAC, el Icefi, se advirtió que la transparencia y la rendición de cuentas son muy pobres y poco amigables con la ciudadanía, un hecho que disminuye la legitimidad de la institución y de sus autoridades.

Finalmente, en la presentación del Icefi se plasman tres recomendaciones. Primero, construir en el seno de la comunidad universitaria un plan de largo plazo que sustente, reivindique y defienda el espíritu de la USAC ―relacionado con los propios principios de la reforma de Córdoba―. Segundo, lograr un incremento de la asignación pública que no deba ser discutido anualmente con las autoridades de turno en el Legislativo y Ejecutivo. Entre las alternativas se sugirió revisar el acuerdo gubernativo que establece garantías de recursos, por no menos del 0.3% del PIB, al Ejército de Guatemala. Por último, trabajar en mejoras radicales para ampliar y modernizar la transparencia y la rendición de cuentas de todos los recursos gestionados en la USAC.