La política fiscal hondureña se ha caracterizado por un fuerte proceso de ajuste desde comienzos de 2014. Después que el país tuviera cinco años de déficit fiscal en la Administración Central desde 2009—que promediaron 5.2% del PIB y que en 2012 y 2013 fuera de 6% y 7.9% del PIB, respectivamente—, el ajuste fiscal se hizo imperativo; el mismo se realizó en el marco de un acuerdo de tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalizará en diciembre de 2017. El camino del ajuste fue de naturaleza ortodoxa, de consolidación fiscal, caracterizándose por el aumento de impuestos indirectos (impuesto sobre ventas, el aumento al impuesto de los derivados del petróleo), la reducción de subsidios, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el congelamiento de los salarios de las diversas instancias de gobierno.