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Y es una maratón con obstáculos

En mi anterior columna señalaba que el camino para enfrentar la crisis del Covid-19 se parecerá más a una maratón, que a una carrera de 100 metros por lo largo de su recorrido y por el alto nivel de exigencia. Ahora agrego, que además será una maratón con obstáculos, por la complejidad y multiplicidad de los problemas que tocará enfrentar.


 

Las primeras estimaciones económicas han sido publicadas, reconociendo lo difícil que es pronosticar en estos momentos, pero hay coincidencia en que nos enfrentamos a una de las peores crisis sanitarias y económicas de la historia. Además, el Icefi, el FMI y el Banco Mundial concuerdan en que la economía salvadoreña, puede ser la más afectada de toda la región centroamericana. Pero en El Salvador esto no parece suficiente, pues además se le quiere agregar una crisis político institucional, que de producirse provocaría una catástrofe económica sin precedentes.

La actual administración gubernamental entiende como indicador de éxito su nivel de popularidad. Y hasta ahora los niveles de simpatía son altísimos, ni siquiera la toma de la Asamblea Legislativa rodeada de militares le afectó en sus niveles de popularidad a nivel nacional. Pero no ha sucedido lo mismo a nivel internacional, donde se ha pasado de admirar a un nuevo referente de líder político, a reconocer a uno que cada vez se parece más a quienes encabezan regímenes pocos democráticos. Lo cual les empieza a asustar.

El último episodio fue a través del nuevo Diario Oficial: el Twitter. Donde sin vacilaciones, el presidente Bukele dijo que no iba a acatar una resolución de la Sala de lo Constitucional. Un hecho sumamente grave para una incipiente democracia como la salvadoreña. Sin embargo, en términos prácticos pasó casi nada; poniendo en evidencia el tipo de institucionalidad que tenemos. No obstante, nuevamente a nivel internacional se volvieron a encender las alertas: incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó «[…]su seria preocupación porque el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación de la COVID-19 [...]». No es un dato menor que entre el 21 de marzo y el 20 de abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador haya registrado 581 denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Por lo que, en esta maratón, no solo se deberá vencer al Covid-19, sino también se deberá superar los obstáculos de opacidad, abuso de poder, irrespeto al Estado de derecho y violaciones a los derechos humanos.  Quienes están en el poder saben que este tipo de hechos son poco relevantes para aquellos que en estos momentos no tienen ni siquiera que comer; pero también deberían saber que, de agravarse la situación económica, ni la mejor maquinaria propagandística evitará una crisis de gobernabilidad.

El Salvador está en una situación muy delicada para enfrentar la crisis económica. Entre muchos elementos para superar la crisis, la atracción y mantenimiento de la inversión privada será clave, pero ¿quién va a querer invertir en un país donde se ha llegado a plantear que la decisión de una persona está por encima de la propia Constitución?

En medio de esta crisis todos los sectores deben ceder para el beneficio de todos, y ojalá quienes estén en el poder lo hagan abandonado prácticas antidemocráticas. Y en cambio lideren la construcción de un pacto fiscal, que sea resultado de un diálogo democrático que establezca responsabilidades mejor compartidas entre los distintos actores de la sociedad y que busque: mejoras en los ingresos del Estado y de la efectividad del gasto público, un manejo estratégico de la deuda pública, y el establecimiento de verdaderos esfuerzos para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero sobre todo que permita asegurar que todas las personas tengan acceso gratuito y de calidad a la salud, a la educación, al agua potable y saneamiento y, a la seguridad social; que cuenten con un ingreso mínimo garantizado y que tengan siempre la certidumbre de un plato de comida en la mesa.

Esto dependerá de las acciones de quienes administran el Gobierno; pero sobre todo de la postura de la ciudadanía, que al final será la que se enfrentará a los obstáculos y es quien puede ponerle un alto a los intentos de violentar las reglas que garantizan un manejo democrático y maduro del poder público. Solo vamos a ganar esta maratón si al terminarla, también contamos con más derechos y más democracia.

 

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí