La protección social debe entenderse como el conjunto de políticas y programas que resguardan a los ciudadanos frente a diversas contingencias y procuran su bienestar en las diferentes etapas del ciclo de vida. Esta debe basarse en la realización, garantía y protección de los derechos económicos sociales y culturales de las personas, tales como educación y capacitación, salud y alimentación, vivienda y saneamiento, seguridad social, trabajo e ingresos.

Según las estimaciones oficiales y de entes internacionales, en 2016 la economía guatemalteca tendrá un crecimiento real en torno al 4%.

La renta básica universal (RBU) es un monto de dinero que el Estado asigna de forma incondicional a cada miembro de la sociedad por el simple hecho de ser ciudadano. Dicha renta, cuyo monto toma en cuenta el costo de consumos vitales, sirve para elevar el bienestar de todas las personas, disminuir la desigualdad y la pobreza al tiempo en que su ejecución dinamiza la actividad económica, genera empleo y disminuye la conflictividad social.

El jueves pasado, la mayoría de diputados del Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma al artículo  67 de la Constitución de la República con el fin prohibir, de manera absoluta y ante