La temporada de lluvias inició y con ello pareciera que las tragedias también.

El pasado 24 de abril los medios comunicaron dos tragedias donde niños y niñas fueron las víctimas. Una ocurrió en el municipio de Casillas, Santa Rosa, donde dos pequeños fallecieron por las heridas que sufrieron cuando un deslizamiento de tierra de grandes proporciones alcanzó su vivienda. Casi al unísono, los medios reportaron que en Chiquimula las lluvias fuertes causaron el desplome de un techo que cayó sobre un centro educativo, dejando una niña fallecida y varias heridas, algunas de gravedad.

Es posible que las narrativas imperantes expliquen el suceso como un desastre natural, o que la causa es la lluvia o el clima. En realidad, no es el caso, toda vez estas tragedias pudieron evitarse. La precariedad de la infraestructura no es algo natural y las condiciones ambientales apresuraron algo que ocurriría, tarde o temprano.

Estos sucesos terribles, y otros (la gran mayoría prevenibles), nos deberían obligar a reflexionar. La pérdida y el dolor de las familias involucradas y sus comunidades, causadas no por el clima, sino por la vulnerabilidad de Guatemala en su infraestructura, sus instituciones y lo que arriesga cotidianamente la población. Vulnerabilidad que se extiende trágicamente a los y las menores, pues son sucesos que no discriminan edad. Son los niños y las niñas quienes, por su etapa de desarrollo, tienen menos posibilidades para preservar su vida o de ser conscientes de los peligros. También, porque afecta su salud, debido a las dificultades para acceder a saneamiento que generan eventos, naturales o no, se agravan por la ausencia de atención médica pública y especializada.

Aunque el impacto de los fenómenos naturales tampoco discrimina por condición económica o social, quienes viven en pobreza y desigualdad son los que se encuentran en mayor riesgo. En Guatemala, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2014), el 68.2 % de la niñez y la adolescencia entre 0 y 17 años de edad vivía en hogares en pobreza o pobreza extrema, que alcanza 70.8 % en niños y niñas entre 0 y 6 años de edad, muy por encima del total nacional (59.3 %).

A pesar de que en Guatemala las tragedias no son exclusivas de la época lluviosa, pareciera que son más frecuentes y agudos en el invierno. Al inicio de cada temporada de lluvias, ya carreteras, puentes, alumbrado eléctrico, drenajes, agua entubada, entre otros, están en mal estado, y al finalizar el invierno, terminan aún peor. Los establecimientos educativos públicos no son la excepción, porque no reciben el mantenimiento adecuado. Al cierre de 2022, los medios de comunicación publicaron denuncias sobre la no ejecución o la reducción de metas físicas importantes relacionadas con el remozamiento y mejoramiento de centros de estudio, que a diario reciben cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, quienes están recibiendo clases en espacios de seguridad dudosa.

Sobran los motivos para que las autoridades tomen acciones integrales y prontas, ante el hecho de que Guatemala figura entre los países con mayor riesgo climático. Según el índice de Riesgo Climático (CRI, por sus siglas en inglés) que mide la vulnerabilidad a eventos extremos, entendidos como alertas para prepararse para eventos más frecuentes o más severos en el futuro. En 2021, con datos de 180 países correspondientes al período 2000-2019, Centroamérica se encontraba entre las regiones más vulnerables, y, específicamente, Guatemala es el país de la región con mayor riesgo, ubicándose en promedio en el puesto 16, seguida de cerca por El Salvador (28), Nicaragua (35) y Honduras (44).

No debe llamarse desastre natural y culpar únicamente al mal tiempo o a la naturaleza de tragedias como las recientemente acaecidas, pues su contexto es el uso intensivo o mal uso de recursos naturales, u ocurren por negligencia o la desatención a la infraestructura, porque las instituciones responsables incumplen sus mandatos. Cuando ocurren usualmente las autoridades se limitan a reportar los hechos, pero no se analizan las causas de fondo, ni tampoco se adoptan medidas correctivas que coadyuven a evitar que vuelvan a ocurrir. Sus consecuencias son devastadoras, vidas perdidas, daños materiales y económicos cuantiosos, en tragedias cada vez más frecuentes e intensas.

El Estado de Guatemala debe procurar que los recursos públicos sean suficientes y se destinen, no solo a atender las emergencias, sino, principalmente, a prevenirlas. Que las instituciones públicas realicen su trabajo y que las autoridades asuman sus responsabilidades. Que la pérdida de vidas inocentes no quede impune, y que con la aplicación pronta y cumplida de la justicia nunca más sean nuestros niños y niñas quienes sufran las consecuencias.

Sucely Donis Bran // Economista investigadora / @SucelyDonisB

Esta columna fue publicada originalmente en Plaza Pública, disponible aquí.