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Comunicados

Guatemala: Icefi propone recomendaciones al proyecto de presupuesto para 2021, priorizando la protección social

     

En su primer análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, iniciativa de ley número de registro 5832, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), encontró elementos que son causa de preocupación, destacando la caída de la carga tributaria respecto a 2019, inconsistente con las proyecciones de crecimiento económico oficiales y simultánea a un incremento significativo del endeudamiento público. Asimismo, el Instituto advierte la necesidad de corregir el orden de prioridades del gasto público, en especial del destinado a la Recuperación Económica y Social, recomendando mayor atención a la protección social: apoyos a los ingresos de los hogares ante la prolongación de los impactos de la pandemia, inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) y más recursos para la erradicación de la desnutrición crónica.


Documentos adjuntos:

En 2020 el Congreso de la República autorizó endeudamiento público adicional por Q19.8 millardos, de los cuales Q13.8 millardos están financiando los programas gubernamentales para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid–19. Estas acciones cambiaron significativamente la estructura del financiamiento del presupuesto, toda vez los ingresos tributarios pasaron de financiar el 75.5% del total en 2019 a 59.4% en 2020, mientras que la deuda pública pasó de financiar el 18.5% del total en 2019 a 33.2% en 2020. El proyecto de presupuesto para 2021 prácticamente mantiene la estructura de 2020, ya que el Ejecutivo propone que los ingresos tributarios financien el 61.6% del presupuesto y la deuda pública el 32.7%. Esta estructura se reflejaría en el déficit fiscal, el cual pasaría del 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, a un cierre estimado para 2020 de 5.8% del PIB, y una proyección de 4.9% del PIB para 2021.

Para que este incremento en el endeudamiento público sea sostenible en el tiempo, el Icefi recuerda que se requiere un fortalecimiento de las fuentes corrientes de financiamiento presupuestario, principalmente de los ingresos tributarios. Sin embargo, se estima que el impacto de la pandemia está generando una caída en la carga tributaria, de 10.9% en 2019 a 9.8% en 2020, pero es preocupante que, pese a las proyecciones macroeconómicas oficiales optimistas para 2021, el proyecto de presupuesto estima una carga tributaria de solamente 10.0%. Con los datos del proyecto de presupuesto, el saldo de la deuda pública al final de 2021 equivaldría al 3.5 veces los ingresos tributarios anuales, muy por arriba del umbral de 2.5 que instituciones financieras internacionales emplean como estándar de sostenibilidad para este indicador en países como Guatemala. El Instituto advierte que el proyecto de presupuesto para 2021 refleja una política fiscal en la que se incrementa significativamente el endeudamiento público sin esfuerzos por recuperar la carga tributaria, lo cual marca una senda hacia la insostenibilidad fiscal.

En el presupuesto de gastos recomendado por el Gobierno para 2021 destacan asignaciones por Q4,650.8 millones (0.7% del PIB) para a un Plan de Reactivación Económica y Social. Sin embargo, el Icefi critica las prioridades en este plan, ya que se propone destinar 63.2% de ese monto para inversión pública en infraestructura vial, que contrasta con solamente 8.7% para apoyos agrícolas y producción de alimentos, 6.6% para transferencias monetarias para los hogares y 4.4% para la denominada Gran Cruzada Contra la Desnutrición. El Instituto considera que la inversión pública en infraestructura vial debe ser un componente importante de todo plan de reactivación económica y social, pero debe equilibrarse con inversiones públicas orientadas a la protección social, incluyendo apoyos a los ingresos de los hogares ante la prolongación en 2021 de los impactos de la pandemia, inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) y más recursos para la erradicación de la desnutrición crónica.

El Icefi evaluó además las normas complementarias para la transparencia de la ejecución presupuestaria propuestas para 2021, notando que no se fijaron plazos de cumplimiento ni medios de verificación, ni tampoco se incluyeron normas que obliguen al Gobierno a: mejorar el Sistema Integrado de Administración Financiera siguiendo estándares de transparencia fiscal; publicar toda información en formato de datos abiertos; y, que aseguren la continuidad de las iniciativas de gobierno y presupuesto abierto. Además, ninguna de las normas del proyecto de presupuesto ordena la desagregación de la información por sexo, edad y etnia, con independencia de su vinculación con los clasificadores temáticos.

El Icefi informó que en octubre publicará un análisis detallado y a profundidad sobre el proyecto de presupuesto para 2021. En tanto, recomienda a la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República transparencia y apertura, permitiendo la participación de la prensa, la sociedad civil organizada en las sesiones y audiencias que realice, atendiendo las propuestas y recomendaciones que presenten. Sugiere citar a los integrantes de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas para discutir públicamente los supuestos macroeconómicos y el sustento técnico de las proyecciones de ingresos, y sugiere que el Ministerio de Finanzas Públicas presente públicamente sus análisis y proyecciones de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal.

Como principal recomendación al Congreso de la República, el Icefi plantea la necesidad de revisar y corregir las prioridades del gasto público para 2021, especialmente del Plan de Recuperación Económica y Social, equilibrando la inversión pública en infraestructura vial con protección social y apoyo a los ingresos de los hogares. El Instituto recomienda incrementar las asignaciones para temas prioritarios como la erradicación de la desnutrición crónica infantil, la IPNA, la educación bilingüe con énfasis en idiomas mayas, el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos en su función de ente garante del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Espera que el Congreso incluya normas especiales para institucionalizar una metodología técnica para el cálculo de la IPNA y consolide los avances en la desagregación de la información presupuestaria por sexo, edad y etnia, como un primer paso para presupuestos más inclusivos y sensibles al género.

 

Guatemala, Centroamérica, 11 de septiembre de 2020.