La inversión pública está fuertemente relacionada con el nivel de bienestar que se mide a través del Índice de Desarrollo Humano, pero también es un importante determinante en la competitividad internacional, aunque no el único.
El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado por Naciones Unidas, se indicaba que entre 2019 y 2021, el 46.5 % de la población salvadoreña, el 49.9 % de la hondureña y el 55.9 % de la guatemalteca había sufrido inseguridad alimentaria.
Otro argumento fue que desde 2007 la Digestyc no produce nada. Otra mentira. Esta institución era la encargada por ejemplo de producir las estadísticas anuales relacionadas con la pobreza, mensuales de la inflación, así como indicadores de salud, educación, género y muchísimos otros.
Si bien los seis países de Centroamérica votaron a favor del reconocimiento de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano aún hay mucho camino por avanzar.
Hace un mes indicaba que el gobierno podía conseguir oxigeno financiero para seguir sobreviviendo y creía que se iban a decantar por una estrategia del “puchito”; es decir conseguir dinero de diversas fuentes de financiamiento. Efectivamente, esta semana eso se ha confirmado, con unos ingredientes extras.
La ausencia de la voz de la ciudadanía en las discusiones fiscales ha provocado que lo que tengamos sea un sistema fiscal que privilegia los intereses particulares por sobre los intereses colectivos.
Las sociedades centroamericanas deben desde ya trabajar para crear un entorno favorable al crecimiento económico, para evitar una mayor migración forzada de sus ciudadanos y también para recibir a aquellos que deciden regresar o son repatriados.
La respuesta ante el riesgo de desastres debe reflejarse en una mayor articulación y coordinación interinstitucional.