La respuesta a la migración no debería ser su inclusión en estrategias de seguridad nacional de los países, mucho menos la militarización de las fronteras o el silencio cómplice ante las políticas migratorias de los “países amigos”.
¿Por qué a la mayor parte de la población no le importa que se despedace la institucionalidad democrática? ¿Por qué cuando surgen casos de corrupción ni se inmuta?
¿Por qué el despilfarro de recursos, como es el caso del uso de dinero público en bitcóin, no exalta a la población? Aunque las respuestas a estas preguntas tienen múltiples aristas, es preciso destacar una: la creencia de que la mayor parte de la población no paga impuestos.
Una de las preguntas que más se repite en el ámbito económico y financiero de El Salvador es ¿el gobierno caerá en default (impago)?
Especialmente porque en enero de 2023 se debe pagar US$800 millones de unos bonos que se vencen. Hasta este día el Ejecutivo no tiene el dinero para pagar ese compromiso, el tiempo pasa y las opciones cada vez son menos. Sin embargo, puede que vaya a lograr conseguir un par de tanques de oxígeno, para seguir respirando, aunque el paciente seguirá prácticamente en coma.
¿Cuáles son las motivaciones para quedarse y sobrevivir en condiciones tan adversas?
Una de las obligaciones de los Estados es garantizar que la política fiscal sea transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas: las personas tienen derecho a la información fiscal.
La respuesta ante los desafíos de la administración pública no es desecharla y mucho menos sustituirla por lo privado, que pareciera ser la única alternativa, sino trabajar por fortalecerla.
A partir de ello, una de las propuestas que podrían romper la tendencia del crecimiento de la pobreza en Centroamérica, en un escenario ideal, podría ser la implementación de una renta básica universal.
Para El Salvador todos los organismos financieros también han bajado sus proyecciones de crecimiento económico y coinciden en que El Salvador sería el país de la región que menos crecería este año. Además, la Cepal proyecta un aumento de la pobreza en alrededor de 70,000 personas por los efectos de la inflación.
El acceso a los recursos naturales actualmente genera una relación desigualdad, de exclusión e incluso de confrontación también en las áreas urbanas. El ejemplo más claro es sobre el uso del agua, el acceso a este recurso ha estado sujeto a la capacidad de quien paga más por el servicio.
Es innegable que las cifras de homicidios se han reducido drásticamente, pero siempre queda la duda de cuánto va a durar.