La riqueza natural de Centroamérica es un factor estratégico para garantizar el bienestar de las personas. Sin embargo, la dimensión ambiental del desarrollo y las implicaciones de las actividades económicas en el entorno natural, han sido históricamente excluidas en el diseño de las políticas públicas, incluyendo la política fiscal. Como consecuencia de este abandono, la región presenta una constante degradación de su capital natural y una creciente vulnerabilidad ambiental.
Centroamérica presenta resultados distintos en materia de bienestar, que se corresponden con una mayor intervención o ausencia de los Estados. Destacan Guatemala, El Salvador y Honduras que, en términos relativos, presentan los peores desempeños de la región y donde los Estados fallan en garantizar el bien común. De esta cuenta merece la pena cuestionar si, ante la relativa ausencia de los Estados, ¿se produce bienestar en estos países? De ser el caso, ¿sobre quién recae y cuáles son los costos?
Cuando uno revisa la situación actual de la región Centroamérica, el panorama es muy poco alentador. Hay una creciente población en edad de trabajar sin suficiente educación, con pocas plazas de trabajo y empleos precarizados. Casi la mitad de la población se encuentra en pobreza. Los niveles de desigualdad social son altísimos. Las brechas de género y etnia son muy marcadas. Los sistemas de protección social son precarios. Existe una baja credibilidad de los partidos políticos y de los gobiernos lo que afecta la legitimidad del sistema democrático.
Falta menos de un mes para que asuma sus funciones como cabeza de la entidad rectora de la política fiscal en El Salvador, lamentablemente aún no se conoce su nombre, mucho menos su formación y experiencia, lo que me obliga a escribirle de esta forma tan impersonal.
Según la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer de 2017, en El Salvador 7 de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia y 4 de cada 10 sufrieron violencia de índole sexual. Para el mismo año, según datos del Instituto de Medicina Legal, unas 1,442 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad fueron víctimas de violencia sexual y 62.6% de los casos ocurrió en sus propias viviendas.
¡Paren el mundo que me quiero bajar!, diría la pequeña gran Mafalda frente a todo lo que pasa en Centroamérica. La Semana Santa, aunque no es una parada, brinda la posibilidad de descansar y/o reflexionar. Por lo menos para quienes tenemos el privilegio de poderlo hacer. Hay quienes aprovechan a viajar al interior del país o al extranjero; pero también hay miles que en estos momentos forman parte de una nueva caravana de migrantes que no dormirán ni en un hotel ni comerán en algún restaurante.
En medio de la majestuosidad del Océano Atlántico, frente a la costa de Senegal, se encuentra la isla de Gorea. Este lugar, en el que se pueden observar unos atardeceres maravillosos, fue testigo de uno de los episodios más infames de la historia de la humanidad: durante más de tres siglos fue uno de los principales puntos para el comercio de esclavos; se estima que en esta isla más de 20 millones de niñas, niños, mujeres y hombres fueron despojados de toda dignidad humana y vendidos al mejor postor.
El gobierno entrante tiene cono reto elegir un equipo de confianza con capacidad, equidad y mérito, que garantice una gestión profesional, objetiva y responsable, y no solo una gestión incondicional a la autoridad de turno.
Blanca tiene 60 años. Vive en el área rural de El Salvador. Nunca tuvo acceso a la educación, porque la escuela estaba muy lejos de donde vivía; dada la situación de pobreza que padecía su familia, decidieron que para que su hermano estudiará, ella debía quedarse en casa. Desde entonces su jornada empieza a las 4 de la mañana para hacer los quehaceres en su hogar, para cuidar a su madre enferma, para criar a sus nietos y nietas. Camina miles de pasos para ir a la Unidad de Salud. Camina otros miles para buscar leña.
Más allá de que habrá funcionarios que queden sin castigo por sus delitos, el país no podrá recuperar las oportunidades perdidas por el mal manejo de los fondos públicos.