«La mayor parte de las propuestas electorales en El Salvador son inviables tomando en cuenta la realidad de las finanzas públicas. Cambiar esta realidad exige una clase política con visión de Estado, que se aleje de la cleptocracia y apueste por una democracia plena; pero también, una ciudadanía que demande y vigile».
Es muy probable que cuando inicie 2019, exista alguna discusión sobre si el Superintendente de Administración Tributaria cumplió los compromisos contenidos en el Convenio para el Cumplimiento de Metas de Recaudación Tributaria 2018, y si es apropiada su continuidad. Dicho Convenio establece que la SAT debe recaudar Q57,463 millones en términos netos, los cuales provendrían de recaudar Q60,318.1 millones y de designar Q2,855.1 millones para la devolución del crédito fiscal para los exportadores.
El más reciente informe global de Oxfam, intitulado ¿Bienestar público o beneficio privado?, vuelve a poner sobre la palestra política la urgente necesidad de transformar la economía para que esta redistribuya de una forma más equitativa los frutos del desarrollo. Solamente en 2018 la riqueza de los milmillonarios y sus empresas creció USD900 millardos, mientras tributaron con las tasas más bajas de las últimas décadas y, en algunos casos, escondieron buena parte de sus fortunas en paraísos fiscales, evitando con ello cualquier pago de impuestos.
Hace 27 años nuestro país logro firmar los Acuerdos de Paz, que permitirían poner fin a una guerra civil que causó más de 75,000 muertes, miles de personas desaparecidas, desplazamientos forzados y migraciones. Los Acuerdos representaron un momento histórico en el que se concretaba la apuesta por la democracia como la forma para reunificar a la sociedad salvadoreña y construir un Estado garante de los derechos humanos.
En El Salvador nos encontramos a pocos días de elegir a las personas que estarán a la cabeza del órgano ejecutivo por los próximos cinco años. Por tanto, aunque parece una obviedad, no está de más recordar que se trata de cargos públicos y que quienes los ocupan deben estar al servicio del país y de toda la población.
En El Salvador nos encontramos a pocos días de elegir a las personas que estarán a la cabeza del órgano ejecutivo por los próximos cinco años. Por tanto, aunque parece una obviedad, no está de más recordar que se trata de cargos públicos y que quienes los ocupan deben estar al servicio del país y de toda la población.
En seguridad, ¿seguirán con el manodurismo? En hacienda, ¿llegará una persona que comprenda a la política fiscal como instrumento de desarrollo?
Pasó Navidad y se acerca el Año Nuevo, la época de los buenos deseos y nuevos propósitos para que el año por iniciar sea diferente, mejor.
En El Salvador se necesita hablar de paridad en un sentido amplio. En términos simples significa un reparto 50/50 del trabajo remunerado y no remunerado, de tal forma que las personas se inserten en ambos de manera indistinta a su sexo biológico y especialmente en igualdad de condiciones como sujetas de derechos.
La campaña política, de cara a las próximas elecciones ha entrado en una etapa peligrosa: la del populismo fiscal, basado en propuestas irreales de reducir impuestos y aumentar gastos. Basta con revisar el proyecto de presupuesto para 2019 para darse cuenta que la situación de las finanzas públicas es muy crítica, y que el próximo gobierno encontrará un problema que le va a superar y sobre el que necesitará lograr consensos con el resto de fuerzas políticas para solucionarlo, si es que quiere que su plan de gobierno tenga viabilidad.