Las reelecciones tienen impactos muy negativos para un proceso democrático poco nutrido como el de Guatemala, y una campaña acalorada, no por el debate de temas de interés para el país, sino por las reacciones de candidatos y candidatas a la crítica.
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Este domingo 25 de junio se realizarán las Elecciones Generales 2023 en Guatemala, en ellas la población elegirá a las personas que en los próximos cuatro años gestionarán el poder público desde la Presidencia, el Congreso y las municipalidades.
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Desde el inicio de su mandato, el presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo la gestión de la administración pública en El Salvador como si se tratara de una empresa familiar en lugar de un Estado democrático. Esta forma de actuar se caracteriza por la falta de un plan de gobierno claro, la carencia de capacidad de toma de decisiones en su gabinete, una preocupante dosis de improvisación y una ausencia vergonzosa de rendición de cuentas.
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La observación electoral –independiente y técnicamente sustentada– muestra un panorama sombrío.
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En un nuevo ciclo electoral, son varias las propuestas que resaltan entre sus planes de trabajo el componente de seguridad como parte del platillo fuerte. La historia nos recuerda que varias campañas políticas han buscado y ganado el apoyo electoral ofreciendo mano dura, ni corrupto, ni ladrón, seguridad total y otras por el estilo. ¿Cuánto de esto se cumplió? ¿Estamos los y las guatemaltecas más seguras? ¿Es suficiente lo que el Estado de Guatemala invierte en seguridad o justicia? ¿Estos recursos están siendo invertidos eficientemente?
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Uno de los “logros” destacables de la actual administración es haber logrado que el debate público se enfoque en cualquier cosa, excepto en los problemas concretos que afectan a las personas.
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En una verdadera rendición de cuentas se hubiera esperado que el presidente hiciera al menos un recuento de las políticas públicas implementadas bajo su mandato en el último año.
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El gran ganador en la atracción de capital extranjero para inversión en los últimos años ha sido Panamá.
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La ciudadanía tiene el derecho de evaluar la gestión actual del gobierno.
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