En El Salvador, los retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas están a la orden del día, las prioridades del gasto público están en función de la popularidad presidencial, mientras se recortan presupuestos en áreas claves y se mantiene el otorgamiento de privilegios fiscales como estrategia poco efectiva de atracción de inversiones.
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En los últimos 4 años hemos experimentado el deterioro acelerado y sostenido de la institucionalidad democrática.
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El gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele ha incurrido en impago.
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Esta es la conclusión de dos de las calificadoras de riesgo más importantes a nivel mundial, Fitch Rating y Standard & Poor’s. Este suceso es muy inusual en la historia de El Salvador. Por ejemplo, luego de caer en impago durante el gobierno del dictador Maximiliano Hernández Martínez en el siglo XX, no volvió a suceder.
Lo interesante de Centroamérica es que en la mayor parte de sus constituciones políticas ordenan que la tributación responda a los principios de capacidad de pago y equidad, entre otros. Sin embargo, en la práctica, las autoridades fiscales regionales se han conformado con regímenes tributarios globalmente regresivos, injustos en su naturaleza, debido a que castigan más a las personas de menores ingresos, una situación que debe cambiar en el mediano plazo.
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Los impactos de la inflación para Guatemala, El Salvador y Honduras han sido evidentes para la población.
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El trabajo infantil afecta negativamente el desarrollo físico y psicológico de los niños y las niñas, pues a menudo están expuestos a condiciones peligrosas, como trabajar en lugares insalubres o con herramientas, materiales o maquinarias peligrosas, durante jornadas largas que pueden dañar su salud. También afecta el acceso a la educación, pues los niños y niñas que trabajan pueden tener dificultades para asistir a la escuela y concentrarse en sus estudios, lo que conlleva a un retraso en su aprendizaje y desarrollo.
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La temporada de lluvias inició y con ello pareciera que las tragedias también.
El informe en cuestión también destaca la urgente necesidad de que el Estado garantice los derechos a un trabajo en condiciones dignas, justas y favorables; sindicales.
¿Por qué el gobierno se negó a que la población conociera el contenido de este informe?
Los desafíos asociados son mucho más importantes y complejos cuando el proceso migratorio es irregular.