Estoy convencida que otra Centroamérica es posible, una sin pobreza, con mayor igualdad y bienestar, con más democracia, con sostenibilidad ambiental, con Estados efectivos que garanticen los derechos de todas las personas con bienes y servicios públicos, gratuitos y universales.
La sociedad centroamericana debe reconocer los cuidados y su importancia para la economía, y más: en sociedades como las nuestras, en las que los núcleos familiares son numerosos, es urgente reconocer, redistribuir y retribuir.
Algunas movilizaciones sociales recientes han demostrado que la ciudadanía ya no quiere ser un simple espectador frente a la manera en que se decide sobre el uso de los recursos públicos.
Estas brechas financieras, entre lo presupuestado y lo efectivamente devengado, han provocado menos disposición de bienes y servicios públicos para cientos o miles de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos.
En 2021 los países de Centroamérica –con la excepción de Panamá− se aprestan a celebrar los 200 años de su independencia política de España, formalizada el 15 de septiembre del lejano 1821. Para conmemorarlo, las autoridades de los países han montado diferentes actividades tendientes a mostrarle a la población “el regocijo” por alcanzar ese hito histórico, y para “celebrar” que a partir de la independencia los ciudadanos viven mejor y su nivel de prosperidad ha mejorado.
Cuando para un presidente lo prioritario es mantenerse en el poder, significa que todo su tiempo, energía y recursos lo destinara para ello.
Una mirada previa a la aprobación de presupuestos.
Con datos al primer trimestre de 2021, la información evidencia que solamente se ha recuperado alrededor del 41% del nivel de la actividad que se perdió en 2020 como consecuencia de la interrupción de la cadena de producción de las empresas, el confinamiento de la población y las restricciones impuestas sobre determinados sectores de la actividad económica para frenar la expansión de la pandemia.
El coste de oportunidad de esas decisiones no solo lo constituye el dinero que se puede perder en potenciales actos de corrupción, sino también en todos aquellos derechos de los y las salvadoreñas que no se cumplirán por la falta de recursos públicos: salud, educación, empleo, recreación, vivienda y todos aquellos que se le siguen negando a las personas.
Este es el momento para que las naciones actúen juntas, con base en responsabilidades comunes pero diferenciadas, para impulsar la transición hacia una economía global más justa y verde, que garantice los derechos de todas las personas.