El acceso a un salario digno es uno de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. La retribución por su trabajo debiera ser lo suficiente para garantizar una vida digna para quien trabaja y su familia.
Si querían hacer historia lo han logrado. Pocas veces ha habido tanto consenso entre economistas, abogados y otras tantas áreas profesionales sobre los graves riesgos de la Ley Bitcoin y la recomendación de derogarla
Centrarse exclusivamente en el PIB y las ganancias económicas para medir el desarrollo ignora los efectos negativos del crecimiento económico en la sociedad, como el cambio climático y la profundización de la desigualdad.
La transformación del país requiere de una construcción colectiva, de diálogos y consensos nacionales, liderados desde el poder público. Cambiar el país requiere que desde el Estado reconozca a cada persona su dignidad y bienestar como el fin último del quehacer público.
En toda la región se califica con color rojo el objetivo de hambre cero, denotando pocos esfuerzos para combatir la pobreza extrema, la miseria, la desnutrición infantil y el retraso en el crecimiento de los niños y niñas, entre otros aspectos.
Rechazar el Decreto 4-2020 es defender la posibilidad de organización social, base fundamental para la democracia y un derecho de todos y cada uno de los guatemaltecos.
Y quizá, aunque ella no lo sepa, una vez más tendrá que pagar la factura de las decisiones de políticos que utilizan el Estado para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Solo que esta vez al estilo de los casinos virtuales, apostando con el bienestar del pueblo.
Desde la ciudadanía, debemos recordarles a nuestros funcionarios que los madrugones han sido la causa de muchas injusticias y profundización de las desigualdades.
Mientras el gobierno y el oficialismo siguen repitiendo los errores de sus predecesores -señalar a los corruptos de las filas adversarias, pero proteger a los propios-, la ciudadanía seguirá perdiendo recursos, oportunidades y derechos.