Una Centroamérica así de diferente es posible. Sin embargo, no basta con que esa visión aparezca en los discursos, es importante trasladar estas metas a los presupuestos públicos.
En septiembre, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, recordarán los doscientos años de independencia de la corona española. Asimismo, este mes será el septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que se discutirá los avances (o no) en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Es difícil comprender por qué, a pesar de la advertencia de especialistas, organismos multilaterales y los propios técnicos del Ejecutivo se quiera seguir adelante.
El informe es explícito en señalar que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra; produciendo cambios rápidos y generalizados en el sistema climático, muchos de estos cambios no tienen precedentes en la historia de nuestro planeta y algunos, como los cambios en el océano y el nivel global del mar, son irreversibles.
Los gobiernos centroamericanos no pueden continuar eludiendo un problema fiscal creciente, que es cuestión de tiempo para que agrave las ya difíciles condiciones de la región.
Más allá de quién administra las pensiones, que, por supuesto es relevante pero no el único factor a tomar en cuenta, hay temas que suelen omitirse en este tipo de discusiones.
La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto plazo, así como la rebaja de la nota soberana de una calificadora de riesgo deberían ser razones suficientes para reconocer que se debe dar marcha atrás.
¿Puede Centroamérica avanzar más rápido en una senda de desarrollo sostenido y sostenible? La respuesta es sí, pero requiere cambios estructurales
La situación fiscal salvadoreña está en cuidados intensivos y cada vez se complica más; esto no es algo nuevo, pero últimamente parece que cada día se encienden nuevas alarmas fiscales, alarmas que se suman a las existentes y están interrelacionadas.















